PolicialesSigue la indignación por el crimen en Campo Quijano
A más de tres semanas del brutal femicidio de Natalia Cruz, docente y madre de dos hijos de Campo Quijano, la justicia se prepara para una nueva audiencia clave. Diego Orlando Serapio, su ex pareja y principal acusado, enfrenta la posibilidad de prisión preventiva por el crimen que conmocionó a la provincia. Cruz, desde el año 2000, sufría violencia de género.
La fiscal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la investigación, solicitó formalmente la prisión preventiva para Serapio. La decisión final se tomará en una audiencia próxima, cuya fecha será definida por la Oficina Judicial. Un juez sorteado será quien determine si se aplica o no la medida cautelar.
Sol Pastrana, abogada querellante, declaró a Gente de Salta: “Nosotros como querellantes vamos a apoyar el pedido de la fiscal, creemos que sí corresponde porque estamos frente a un caso que cuenta con todo el peligro procesal, no solo el de la fuga, porque él -por Serapio- ya estuvo prófugo, con lo cual el riesgo es evidente, sino también por el peligro de entorpecimiento de la causa”.
Desde el femicidio, ocurrido el martes 17 de febrero en una vivienda del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, el caso se encuentra en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Además de la audiencia por la prisión preventiva, se están realizando diversas diligencias:
- Toma de testimoniales a varios testigos.
- Realización de pruebas periciales.
- Extracción de datos de los teléfonos de la víctima y del personal policial encargado de la custodia.
La querella, junto con las demás partes, espera ansiosamente los informes periciales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre el análisis de los teléfonos de Cruz y Serapio, entre otros dispositivos.
Escándalo por fallas en la seguridad
Irónicamente, semanas después del atroz femicidio, el Gobierno provincial realizó un acto público para anunciar la entrega de 13 camionetas destinadas a “fortalecer el trabajo operativo y preventivo de la Policía de Salta”.
En el evento estuvieron presentes el gobernador Gustavo Sáenz, el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Seguridad y Justicia Gaspar Solá Usandivaras, el intendente de la ciudad de Salta Emiliano Durand, el presidente de la Cámara de Diputados Esteban Amat, el secretario de seguridad Nicolás Avellaneda, el jefe y subjefe de Policía, entre otras autoridades.
Según la abogada, Natalia había comenzado a denunciar a Serapio por violencia de género desde 2021, por hechos que se remontaban al 2020. “Es decir hacía seis años que la víctima denunciaba violencia en su contra. Las denuncias fueron realizadas en el 2021, en 2024, fines del 2025, comienzo de este año y la última fue cuatro o cinco días antes del femicidio”.
Tras la primera denuncia en 2021, se le impuso a Serapio la prohibición de ejercer actos de violencia. “Me pregunto para qué sirve esa medida si se supone que nadie tiene que actuar con violencia”, cuestionó la letrada. Posteriormente, se ordenó una prohibición de acercamiento con rondas periódicas de la policía, pero “tenemos entendido que tampoco se hizo, pero lo estamos investigando”.
“Se le impuso la consigna fija, pero solo en los papeles, porque en la realidad nunca se cumplió. No hubo una consigna fija en ningún momento, y debería haber estado”, agregó la profesional.
Natalia estuvo en la Comisaría horas antes del femicidio
El caso de Natalia Cruz recuerda al de Rosa del Milagro Sulca, otra docente que, minutos antes de ser asesinada en su domicilio en abril de 2020, logró llamar al 911 clamando por su vida. De manera similar, Natalia Cruz se acercó a la dependencia policial horas antes del femicidio, evidenciando las persistentes fallas en la seguridad.
“La falla es estructural, de todo un sistema. La Policía no cumplió con lo que se había ordenado, más teniendo en cuenta que el mismo día que matan a Natalia ella estuvo a la una del mediodía en la Comisaría y a las cuatro de la tarde la matan”, explicó la abogada querellante. “En el momento en que fue a la dependencia policial ahí ella se tendría que haber ido con una consigna fija a su casa y la Policía no lo hizo, porque supuestamente no había personal policial”.
La abogada penalista subrayó que la falta de personal no justifica la inacción: “No es excusa la falta de personal, porque tiene que llamar al Juzgado de Violencia Familiar que esté de turno y decirles que no pueden cumplir con la consigna por falta de personal. El juzgado tiene que ver qué otra medida toma para subsanar cualquier error de la Policía”.
“Por lo tanto, hay una cadena de responsabilidades desde la Policía, el Juzgado que no controló que se cumplan las medidas de protección, y el Ministerio Público Fiscal, porque deberían haber imputado mucho antes los hechos de desobediencia y nunca lo hicieron”, enfatizó la querellante. Remarcó que, como en otras oportunidades, después de 11 días prófugo, deberían haber atrapado a un violento y no a un femicida.
Tampoco había ambulancia disponible
Sol Pastrana, especialista en delitos penales y violencia familiar y de género, junto a Federico Vanni del estudio jurídico Vanni & Asociados, representan a la familia Cruz como querellantes. En diálogo con Gente de Salta, destacaron que se trata de un caso trascendental porque “muestra la falla estructural del sistema: tenemos una Policía que no actuó, un juzgado que no controló, un Ministerio Público Fiscal que no llevó adelante las acciones que debería haber llevado para frenar a Serapio”.
“Cuando llaman y avisan que había una persona que prácticamente estaba muerta, la Policía llega 40 minutos tarde. En ese momento ya se habían llevado a Natalia en un vehículo particular porque cuando llamaron para pedir una ambulancia les dijeron que no tenían, que la llevaran por sus propios medios”, relató la abogada, insistiendo en la importancia del caso para exponer un sistema deficiente e incapaz de dar respuestas.
Para comenzar a corregir esta estructura plagada de fisuras, la letrada considera fundamental “reconocer que hay un sistema que falla”, pero lamenta que esto “no se hace porque es muy fácil para los políticos y las autoridades salir a decir que hicieron esto, lo otro, compramos ambulancias y ese tipo de cosas para que no siga pasando lo peor, pero la realidad es que pasa. Se tiene que dejar de lado lo político, la ambición de querer ganar votos, y reconocer que hay problemas estructurales que no están funcionando. Lo que le pasó a Natalia le podría ocurrir a cualquier otra mujer”.