PolicialesAsociación ilícita
Tres nuevos imputados se sumaron a la causa por trata de personas que se investiga en el ámbito de la justicia federal salteña, en la que ya estaban involucrados otros seis acusados de captar alumnas de un colegio secundario de la zona sur de la ciudad de Salta para explotarlas sexualmente, al tiempo que el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, amplió la imputación de cinco de ellos, por asociación ilícita.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Gente de Salta que, en una audiencia solicitada por el fiscal general Eduardo Villalba, se formalizó la imputación de los tres nuevos acusados en esta causa, que de esta manera pasaron a ser ocho, más un menor.
La investigación de la Fiscalía interviniente descubrió una red que operaba en torno a un colegio de la zona sur de la ciudad de Salta, del cual captaban a adolescentes para ofrecerlas en servicios sexuales, y hasta el momento son 16 las víctimas, todas de alrededor de 16 años, pero no se descartan que se sumen otras a partir de las tareas investigativas.
En una primera etapa, se formalizó la investigación penal por el delito de trata de personas contra un remisero y otros tres hombres, mientras que el quinto investigado es un adolescente de 16 años quien quedó imputado de manera provisoria por el mismo delito, pero en carácter de partícipe secundario, y continuará sometido a proceso con un régimen especial.
En tanto, la semana pasada se procedió a la detención de un quinto hombre involucrado en la causa, que se desempeñaba como oficial del Ejército, y ayer se formalizó la acusación de los otros tres detenidos, uno de ellos empleado del área de Salud Pública de la provincia y otro es trabajador independiente.
De ellos, siete están con prisión preventiva determinada por Bavio, al tiempo que el octavo, oriundo de la localidad de Campo Quijano, quedó con prisión domiciliaria.
Trata de Persona
Originalmente, los acusados quedaron imputados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación.
La situación del adolescente involucrado podrá definirse hasta el 11 de marzo, que es el tiempo con que cuenta el fiscal para completar la investigación del caso.
Asociación ilícita
En la audiencia desarrollada ayer, el juez amplió la calificación con el agravante de asociación ilícita para cinco de los involucrados, mientras que a tres de los detenidos se les agregó la calificación de promoción y facilitación de la prostitución, y a uno se lo acusó por corrupción de menores.
El rol clave en la captación de las menores era el del remisero, quien operaba sobre las alumnas para ofrecerlas en servicios sexuales, mientras que los otros acusados participaban de la organización y pagaban por distintas prácticas.
Al presentar el caso ante el juez, Villalba lo calificó como “de una gravedad inusitada” y con “particularidades” complejas, al tiempo que reconoció que hubo denuncias previas que “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, lo que facilitó la continuidad de las operaciones de la organización, que siguió “actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”.
El remisero se valía de la confianza que le tenían los padres en el traslado de sus hijas para captar “de manera perversa” a las adolescentes y luego ofrecerlas a los explotadores.
Inicialmente, el fiscal explicó que las actuaciones preliminares permitieron tener por acreditado el delito, que comenzó con la captación de alumnas de cuarto año de dicho colegio, las que tuvieron “encuentros” sexuales a cambio de sumas de dinero con los explotadores imputados, todo ello por obra del remisero, y se determinó que existía una escala de precios para distintas prácticas sexuales, que iban desde 60 mil hasta 200 mil pesos.
La investigación también reveló que la banda tenía sometidas psicológicamente a las víctimas, a través de videos que les tomaban durante las prácticas sexuales, al tiempo que les ofrecían dinero, drogas u objetos con valor para ellas, como celulares y ropa, mientras que otras estaban amenazadas con contarle lo que hacían a sus padres.
Los clientes podían pagar los servicios mediante transferencias o al contado, y por lo general, las citas se hacían casi sobre el final del horario de escuela y cuando había hora libre en el colegio, en la casa de un empresario involucrado o en moteles.
La fiscalía también enumeró y resaltó las evidencias secuestradas en los allanamientos en las viviendas de los imputados, de donde se incautaron juguetes sexuales, lencería y hasta pastillas de estimulación sexual, entre otros elementos.
Villalba también imputó al remisero por el delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de 12 años, que era hermana de una de sus víctimas de 16, y la manoseó, a la vez que también intentó captarla para su plan delictivo, en una oportunidad en la que logró que subiera a su auto, marca Volkswagen Voyage color blanco.
Inicio de la causa
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por el remisero, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivó la apertura de una causa penal en la justicia provincial pero tras analizar el contenido del teléfono secuestrado al remisero, el fuero ordinario pidió su incompetencia, bajo la hipótesis de un posible caso de trata de personas.
Así, la investigación pasó al ámbito de la Fiscalía Federal de Salta, a mediados de este año, y Villalba retomó las actuaciones con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
El defensor público de Víctimas, Nicolás Escándar, tiene a su cargo la defensa de 11 de las menores víctimas.