El reciente nombramiento de nuevos integrantes para el Servicio Penitenciario de Salta (SPPS), de los cuales 20 corresponden a agentes, y, según fuentes vinculadas al SPPS consultadas por Gente de Salta, a profesionales y técnicos, lejos de apaciguar los reclamos internos, profundizó el malestar entre quienes integran el universo penitenciario.
Si bien la incorporación de personal era un pedido de larga data, dentro del SPPS sostienen que la prioridad continúa siendo reforzar el área de seguridad, donde la falta de efectivos se hace sentir desde hace tiempo. Por eso, la expectativa estaba puesta principalmente en el nombramiento de los agentes.

Sin embargo, el foco de las críticas se trasladó rápidamente a las designaciones de profesionales. Fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario consultadas por este medio aseguran que entre los nombrados figuran familiares de funcionarios y personas con vínculos con el poder político y la conducción del organismo, situación que alimentó las acusaciones sobre "los acomodos de siempre".
El antecedente de las designaciones se encuentra en el Expediente N° 0140050-260477/2023-7, mediante el cual se planteó la necesidad de "continuar con la política oficial de reforzar paulatinamente la dotación de efectivos en el Servicio Penitenciario de la Provincia".
En mayo pasado, el Boletín Oficial publicó la designación de los primeros 20 aspirantes que aprobaron el XXVº Curso de Formación de Aspirantes a Agentes, período 2026. El decreto señala que la Dirección General del Servicio Penitenciario solicitó la incorporación de los nuevos agentes y sostiene que las designaciones responden a las necesidades operativas de la institución.
El documento lleva las firmas del coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, y del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ignacio Jarsún, quienes avalaron las incorporaciones impulsadas por el propio SPPS.

No obstante, el cuestionamiento interno no apunta a la legalidad de las designaciones sino a los criterios utilizados para definir quiénes ingresan primero. Según las fuentes consultadas, varios de los profesionales designados ya desarrollan actividades laborales fuera del Servicio Penitenciario, mientras que los aspirantes a agentes dependen exclusivamente de ese ingreso y cumplen jornadas completas de formación y servicio, sin posibilidades de mantener otro empleo.
El enojo, aseguran, podría agravarse. De acuerdo con la información a la que accedió Gente de Salta, se prepara un nuevo listado de designaciones y ya circulan versiones de que fueron reubicados en los primeros lugares postulantes identificados como familiares de funcionarios o personas con influencia dentro del organismo, lo que incrementó el malestar entre quienes esperan ser incorporados.

La polémica no aparece de manera aislada. Llega en uno de los momentos de mayor cuestionamiento interno que atraviesa el Servicio Penitenciario de Salta. Hace apenas unos meses, aspirantes a agentes hicieron públicos sus reclamos por las malas condiciones en las que realizan las prácticas, presuntas sanciones arbitrarias y malos tratos durante su formación, denuncias que expusieron un fuerte descontento puertas adentro de la institución.
En ese contexto, las nuevas designaciones, lejos de cerrar una etapa de reclamos, reavivaron las sospechas sobre la transparencia de los procesos de incorporación y profundizaron una crisis interna que continúa sumando capítulos.