PolicialesOperativo de la Federal
Oscari, integrante de una familia campesina del paraje Las Goteras, en el departamento Santa Bárbara de Jujuy, fue detenido durante un operativo de la Policía Federal realizado en la madrugada del 24 de junio por orden del juez federal Ariel Lijo, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la senadora nacional Patricia Bullrich por presuntas amenazas.
Según denunciaron el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y las abogadas defensoras María José Castillo, Samanta Delgado y Elizabeth Gómez Alcorta, el procedimiento se llevó a cabo con un fuerte despliegue policial y en presencia de la familia del joven trabajador rural, durante la madrugada.
Tras la detención, Oscari fue trasladado a la delegación Jujuy de la Policía Federal, donde permaneció a disposición de la Justicia Federal mientras la defensa solicitaba su excarcelación y aguardaba la audiencia de imputación. Sin embargo, hasta el momento no recuperó la libertad.
La situación generó preocupación en organizaciones campesinas y de derechos humanos, según consigna Salta 12, que vinculan el caso con el contexto de conflictos territoriales que atraviesan diversas familias rurales de la zona. Desde el MNCI sostuvieron que la detención ocurrió apenas un día después de una resolución favorable para sectores campesinos en una disputa por tierras y recordaron que integrantes de la familia de Oscari participan de acciones judiciales vinculadas a cuestionamientos ambientales contra proyectos mineros en la región.
Por su parte, la defensa cuestionó la proporcionalidad de la medida y reclamó garantías para el debido proceso. Mientras tanto, familiares, organizaciones sociales y referentes campesinos permanecen a la espera de definiciones judiciales que permitan esclarecer la situación del joven.
De qué se lo acusa
De acuerdo con la información difundida por las autoridades judiciales y policiales, Franco Matías Javier Oscari está acusado del delito de amenazas, a raíz de mensajes atribuidos a una cuenta de mensajería o red social que habrían sido enviados a Patricia Bullrich.
La investigación sostiene que desde ese perfil se habría enviado el mensaje: "Renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar", junto con otras expresiones insultantes. A partir de esa denuncia, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, que ordenó medidas de investigación para identificar al responsable.
Según la versión oficial, la Policía Federal realizó tareas de rastreo digital, análisis de redes sociales y cruces de bases de datos hasta identificar a Oscari como presunto titular de la cuenta investigada. Durante el allanamiento en Jujuy se secuestró un teléfono celular que será peritado para determinar si desde ese dispositivo se emitieron efectivamente los mensajes.
Hasta donde se conoce públicamente, la acusación formal es por amenazas. No trascendió que se le imputen delitos más graves como intimidación pública, asociación ilícita o terrorismo. Tampoco se difundió aún el contenido completo de la imputación ni el resultado de las pericias sobre el teléfono secuestrado.
Por otro lado, la defensa sostiene que:
- No tuvo acceso inmediato al expediente.
- Cuestiona la necesidad de la detención.
- Afirma que los mensajes atribuidos a Oscari no justificarían una medida de privación de libertad.
- Vincula el caso con el contexto de conflictos territoriales y ambientales en los que participa su familia.
En términos estrictamente judiciales, el punto central que deberá determinar la causa es si Oscari fue efectivamente quien escribió o envió los mensajes; si esos mensajes constituyen una amenaza penalmente relevante y si existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido o corresponde otorgarle la libertad durante la investigación.