La Justicia federal de Corrientes imputó y dictó la prisión preventiva por 45 días a un ciudadano venezolano acusado de ingresar de manera ilegal a la Argentina, a través de un paso fronterizo clandestino salteño, y sospechado de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Desde el Ministerio Público de la Nación informaron que la imputación fue formulada por la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel, junto a los auxiliares fiscales Juan Martin Mariño Fages y Nicolás Marquevich, en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención, encabezada por el juez de Garantías de Corrientes, Gustavo Fresneda.
El hombre fue demorado el 20 de diciembre pasado, en el Puerto local de Control de la ciudad correntina de Ituzaingó, por personal de la Prefectura Naval Argentina, tras constatarse que no contaba con documentación.
En esas circunstancias, el hombre reconoció que había ingresado a la Argentina por un paso fronterizo no habilitado de la provincia de Salta, por lo que no realizó ningún trámite migratorio, al tiempo que exhibió un “certificado de extravío” emitido por la Policía de Corrientes e indicó que había arribado al puerto local con la finalidad de trasladarse, por vía fluvial, hacia la República del Paraguay.
En el marco del procedimiento, el imputado indicó que se había desplazado, por vía terrestre, hasta la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde, días antes de su detención, le habían robado sus pertenencias; y que había llegado a Ituzaingó el 19 de diciembre.
Finalmente, señaló que, en 2017, salió de manera ilegal desde la República Bolivariana de Venezuela y que transitó -siempre de forma irregular- por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia.

Antecedentes complicados
La Unidad Fiscal realizó diversas diligencias, entre las que se incluyó la consulta de las bases de datos de Migraciones, Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), INTERPOL, Policía Federal Argentina y demás organismos competentes, que no arrojaron información sobre la identidad del hombre ni sus antecedentes.
Por ello, la fiscalía dispuso que se registraran las huellas dactilares del hombre y se lo demorara para establecer su identidad, y notificar lo ocurrido al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela.
La investigación permitió establecer, a través de Interpol y organismos de seguridad internacionales, que el imputado posee antecedentes penales en Venezuela por homicidio intencional y portación de armas, y que fue expulsado de Estados Unidos en enero de 2025 por ingreso ilegal.
Asimismo, se verificó que tenía un pedido de arresto en Canadá, por causas vinculadas a lesiones con arma blanca y amenazas.

Tatuajes que lo identifican como miembro del Tren de Aragua
Los informes oficiales señalaron además que el acusado presenta tatuajes compatibles con los utilizados por integrantes del Tren de Aragua, organización criminal considerada altamente violenta y que forma parte en la Argentina del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Tamara Pourcel y los auxiliares fiscales destacaron el alto riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, agravado por los antecedentes del imputado, su presunta formación militar y su posible pertenencia a una estructura criminal transnacional.
“Esta circunstancia se agrava sustancialmente por el hecho de que el imputado forma parte -o ha formado parte -de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que permite afirmar, sin margen de duda, que conoce plenamente la gravedad jurídica, institucional y de seguridad que poseen los controles migratorios y fronterizos; que el ingreso clandestino a un país extranjero constituye una violación grave a la soberanía nacional y al orden jurídico; y, aun así, decidió eludirlos conscientemente, demostrando un claro desprecio por la legalidad”, explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Por otro lado, destacaron que “el Estado argentino ha reconocido institucionalmente la extrema peligrosidad de la organización Tren de Aragua, la cual se encuentra vinculada a hechos calificados como terroristas y registrada oficialmente en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”, por lo que resaltaron que “esta calificación institucional refuerza la necesidad de una respuesta cautelar severa, ya que la pertenencia a este tipo de estructuras implica capacidad real de fuga, ocultamiento, coordinación delictiva y obstaculización de la investigación penal”.
En ese marco, el juez avaló el planteo del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva por 45 días, hasta el 26 de febrero próximo, mientras avanza la investigación penal.