Uno por uno
Rodrigo Andrés Gómez era un soldado del Ejército Argentino. Tenía 21 años y era de Formosa. Fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en la Quinta de Olivos, donde trabajaba en la seguridad del presidente Javier Milei. Esto pasó el 16 de diciembre.
Ahora se sabe que Gómez fue extorsionado. Una banda lo hacía desde cárceles en la provincia de Buenos Aires. Fue hallado muerto de un disparo en la cabeza.
La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió a la Policía Federal investigar la muerte del soldado. Esto ayudó a descubrir la extorsión, según publicó el periodista Federico Fahsbender en Infobae.
Junto al cuerpo de Gómez había una nota. Hablaba de deudas y de "policías corruptos".
La policía revisó el celular de Gómez. Encontraron llamadas, mensajes y pruebas de giros de dinero. Así identificaron a los sospechosos.
Aunque Gómez se quitó la vida, la Justicia cree que la banda de extorsionadores lo llevó a eso.
El jefe de la banda es Tomás Francavilla, un ladrón de 22 años. Francavilla fue condenado por robo a mano armada en 2024. Ya tenía antecedentes por el mismo delito.
Investigación y detenciones
La policía hizo allanamientos en la zona oeste de Buenos Aires y en las cárceles de Magdalena y Olmos.
Detuvieron a siete sospechosos, incluyendo a Francavilla y otros presos. Gómez fue víctima de un engaño que empezó en la pandemia. Usaron una aplicación de citas llamada *Evermatch*.
Un hampón (ladrón) se hizo pasar por una mujer en la app. el blanco de un clásico engaño del mundo del delito Luego, otro miembro de la banda se hizo pasar por policía y acusó a Gómez de tener una relación con una menor de edad (que no existía).
El engaño y la extorsión
La banda usó la identidad de un policía de la Ciudad de Buenos Aires. Francavilla, desde la cárcel, envió audios a Gómez haciéndose pasar por la madre de la menor. La falsa madre decía que iba a denunciar a Gómez. Así empezó la extorsión.
Bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.
El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.
Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.
El día antes de su muerte, la banda le sacó $1,4 millones al soldado. Él hizo transferencias a billeteras virtuales.
Una de esas billeteras era usada por Iara Cosentino, la pareja de Francavilla. Ella también fue detenida.
La billetera también era operada por un familiar de Cosentino. Allí, Gómez hizo los primeros pagos a la banda. Cosentino y Francavilla se comunicaban constantemente.
Doble comando en la extorsión
La extorsión al soldado tenía dos jefes. Francavilla y Cosentino eran una parte.
El otro jefe era Mauricio Duarte, otro preso de la cárcel de Magdalena. Era compañero de celda de Francavilla. Duarte tiene antecedentes desde que era menor de edad. Su pareja, Karen Cufré, también fue detenida por ayudar en la extorsión. Un tercer preso también está involucrado.
La policía encontró otras víctimas además de Gómez. La banda podría ser acusada de ser una asociación ilícita dedicada a estafar.
Además de la unidad penitenciaria, los operativos también se realizaron en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.
Los sospechosos investigados son Tomás Francavilla. de 21 años; Mauricio D.A., de 24; Kevin S. de 29; Iara Cosentino. de 22; Karen C. de 25; Camila M. de 24; y Erica T. de 36, todos ellos detenidos en las últimas horas.
Las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
La jueza Arroyo Salgado subrayó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.