PolicialesCustodio de Milei
Rodrigo Gómez murió el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos mientras custodiaba al presidente Javier Milei.
Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más.
Según informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y otras autoridades políticas y castrenses, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros ciudadanos argentinos.
La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de siete personas, operativos y allanamientos que continúan aún realizándose.
Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.
“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en un encuentro con periodistas del que también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich.
Cómo es la maniobra
La extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.
El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.
Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.
Una estafa digital que se transformó en extorsión
La investigación detectó la existencia de una supuesta app de citas llamada Evermatch, que en realidad no funcionaba como plataforma real. Los perfiles femeninos eran falsos. Las imágenes eran tomadas de internet. No existían personas reales detrás de las cuentas. El objetivo era generar vínculos de confianza con las víctimas para luego iniciar la maniobra extorsiva.
El mecanismo se repetía con precisión: primero el contacto virtual, luego el traslado de la conversación a WhatsApp, y después un audio intimidatorio. Una supuesta madre denunciaba que su hija menor había sido contactada. Luego aparecía la figura de un falso policía que exigía dinero para “resolver el problema” y evitar una denuncia penal.
Las transferencias se realizaban a distintas cuentas bancarias, con alias a nombre de mujeres que también integraban la red. Todo el sistema estaba organizado desde el interior de unidades penitenciarias.
La jueza Sandra Arroyo Salgado detalló que los perfiles, identidades y autoridades eran completamente falsos. Incluso se usurpó la identidad real de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en la creación de grupos de víctimas que creían estar siendo estafadas por una persona que, en realidad, también era víctima de su identidad robada.
El celular como arma del delito
Tres de los principales operadores de la red estaban detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en unidades como Magdalena y La Plata. Desde allí coordinaban extorsiones, estafas y maniobras de presión psicológica sobre víctimas de distintas edades.
El operativo culminó con siete detenidos. Tres ya se encontraban presos y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. Los demás fueron capturados en allanamientos nocturnos.
La investigación dejó al descubierto una realidad estructural: el uso irrestricto de celulares dentro de cárceles permite sostener verdaderas “pymes del delito”, con logística, organización, jerarquías y división de tareas.
Según Arroyo Salgado, el problema se originó durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares por razones humanitarias. Esa excepción nunca fue revertida de forma efectiva, y hoy se convirtió en una herramienta central del crimen organizado digital.
Las causas asociadas incluyen estafas, grooming, extorsión, narcotráfico, robos, violencia de género y manipulación psicológica. El delito ya no necesita fronteras físicas: opera desde una celda.
Una muerte que expuso una red criminal
La carta del joven soldado fue una pieza clave en la investigación. Allí relataba deudas, amenazas, presiones y una situación de angustia extrema. Describía pagos exigidos por supuestos policías y una sensación de encierro sin salida. Para la Justicia, esa muerte fue el resultado final de un proceso de extorsión digital prolongado, sistemático y organizado.
Monteoliva lo definió como “una enciclopedia del delito”, al describir la información hallada en los teléfonos: logística, movimientos, planificación territorial, selección de víctimas y estrategias de operación criminal.
Manuel Adorni fue contundente: “Un celular en la mano de un delincuente preso es un arma. No se puede permitir más que desde una cárcel se siga delinquiendo”. El caso no solo desmanteló una banda. Instaló un debate estructural: el modelo penitenciario, el control tecnológico y el rol del Estado frente a la criminalidad digital.