Defraudación con paquetes turísticos
Una mujer de 37 años, que estaba imputada por múltiples estafas cometidas a través de la agencia de viajes que gestionaba junto a su hermana, fue condenada hoy a seis años de prisión efectiva, en el marco de un juicio abreviado, y cumplirá la pena en la Unidad Carcelaria 4.
La acusada, Ana Inés Maigua, y su hermana, María Carlota Maigua, considerada coimputada en la misma causa, eran titulares de la agencia Siddartha Viajes, y fueron denunciadas por numerosos clientes que entregaron dinero a cambio de viajes que nunca se concretaron.
La audiencia fue encabezada por el juez Francisco Mascarello, y la mujer fue considera autora penalmente responsable de estafas reiteradas en 181 hechos, en concurso real.
Por el Ministerio Público intervino la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
La coimputada, que es hermana mayor de la ahora condenada, no aceptó ser incluida en el procedimiento abreviado, por lo que deberá someterse a juicio oral.
Ante esta decisión, el juez dispuso la separación de la causa, que será remitida a la oficina judicial para que se fije fecha de la audiencia de debate.
La semana pasada, el magistrado había hecho lugar al pedido de la fiscalía de revocación de la prisión preventiva domiciliaria que venía cumpliendo la coimputada, por lo que la mujer continuará con la medida cautelar en Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
Durante la audiencia, el abogado querellante Gabriel Abarza, patrocinante de 57 víctimas, adhirió a los alcances del acuerdo, y en el mismo sentido se pronunció la abogada defensora, Luz Palavecino.
Por el acuerdo, las partes renunciaron a los plazos para recurrir la causa, mientras que la imputada reconoció los hechos y aceptó los seis años de prisión efectiva solicitados por la fiscalía, que es el máximo de la pena previsto para el delito que se le atribuyó.
En el marco del juicio abreviado, la fiscal se refirió a los hechos denunciados y a las pruebas reunidas, y sostuvo que, entre enero de 2024 y 2025, las imputadas estafaron a numerosos clientes aparentando tener solvencia económica y trayectoria en el rubro turístico.
Ofrecieron a sus víctimas viajes a destinos internacionales que nunca se concretaron, recibieron los pagos en pesos y en dólares, en efectivo y mediante transferencias bancarias. Ambas sabían de antemano que esos viajes no iban a realizarse, ocasionando con ello un gran perjuicio a los damnificados.
En el caso de María Carlota Maigua, la Fiscalía solicitó la inmediata remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial para que se fije, a la mayor brevedad posible, la audiencia de debate correspondiente.
En mayo de 2025, la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido la elevación a juicio de ambas acusadas por el delito de estafas reiteradas en 181 hechos, en concurso real, tras considerar reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener la acusación.
La investigación se inició a partir de denuncias de damnificados que aseguraron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas en la contratación de paquetes turísticos internacionales, a través de la agencia Siddharta Viajes.
Según la acusación, las hermanas Maigua ofrecían viajes a destinos como México, Dubái, Miami y Egipto, percibían los pagos y entregaban documentación que aparentaba respaldar las contrataciones, aunque los servicios nunca llegaban a concretarse.
La maniobra fue corroborada mediante declaraciones de proveedores turísticos, documentación secuestrada durante allanamientos y un informe contable que determinó que, de los más de 979 millones de pesos ingresados a la agencia, al menos 148 millones de pesos y más de 460 mil dólares corresponderían a prestaciones que nunca fueron brindadas.
Asimismo, se detectó que otros 320 millones de pesos fueron destinados a fines ajenos a la actividad turística.
La acusación fiscal fue acompañada por numerosas pruebas, incluyendo cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y publicidad secuestrados en allanamientos.
Para la Fiscalía, las acusadas actuaron sabiendo desde el inicio que no cumplirían con los servicios ofrecidos y simulando operaciones para obtener un lucro indebido a costa de las víctimas.