PolicialesNada que envidiarle
Cynthia Elizabeth del Valle Moya es la cara visible de una estafa millonaria que se investiga en Salta desde 2022. Desde un primer momento, la defensa técnica de la acusada insistió con obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, pedido que en abril pasado volvió a ser rechazado. En paralelo, en 2025 la Justicia salteña juzgó y condenó al excéntrico Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, denunciado por más de dos mil personas en al menos cuatro provincias.
Moya, junto a un grupo de personas —entre ellas algunos exfuncionarios policiales— fue denunciada por liderar una asociación ilícita y estafar a 850 personas a través de la falsa financiera Río & Asociados. Además, otro grupo de personas denunció haber sido estafado mediante Norte & Asociados. Cositorto, por su parte, condenado en Salta a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas continuadas, fue acusado junto a un grupo de salteños de cometer 118 hechos de estafa. Ella se movía en silencio, lejos de los flashes; él hizo exactamente lo contrario: montó una estructura de promesas y ostentación sostenida por un relato que convenció a propios y extraños.
Sindicada como jefa operativa de un esquema de estafas tipo Ponzi o piramidal, Cynthia Moya se manejó siempre con bajo perfil, lejos del ruido mediático que rodeó a Cositorto. Sin embargo, tuvo la astucia y el conocimiento suficientes para rodearse de personas capaces de llevar adelante una maniobra millonaria, nunca antes vista en la provincia.
En junio del año pasado, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y ordenó elevar a juicio la causa contra 27 imputados vinculados a la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos 13 efectivos de la Policía de Salta.
El “vendedor de ilusiones”, como bautizaron a Cositorto tras la serie realizada en Córdoba sobre el caso, no dejó de hablar durante el juicio desarrollado en el Salón de Grandes Juicios “Gobernador Miguel Ragone”. Intervino constantemente durante el debate y uno de los magistrados debió llamarle la atención en reiteradas oportunidades. Incluso llegó a enfrentarse con su defensora oficial, la doctora Cecilia Martínez.
Socios claves
Cynthia Moya terminó al frente de una estructura integrada también por funcionarios policiales —no por aquellos que resultaron víctimas— que ocupaban posiciones estratégicas dentro de la fuerza. Una situación que, según la investigación, la acusada no desaprovechó: sostuvo, avaló y encontró cobertura en esa minoría policial involucrada en la maniobra ilícita.
De acuerdo con la investigación, Moya obtuvo beneficios económicos directos y administró la masa dineraria captada por las falsas financieras: 493 millones de pesos y más de 509 mil dólares mediante Ríos & Asociados. Mientras que con Norte & Asociados, donde habría operado durante dos años, las sumas también serían millonarias.
Con un vasto conglomerado de pruebas recolectadas por los investigadores salteños, la causa sostiene que la estructura piramidal dependía fundamentalmente del accionar de los policías involucrados, quienes, mediante su posición institucional, otorgaban legitimidad, protección y continuidad a la operatoria delictiva.
Leonardo Cositorto, en cambio, construyó su esquema desde la exposición pública. Micrófono en mano y arriba de un escenario —donde se movía como pez en el agua— no tardó en montar un “show” en Salta tras asociarse con la familia Vilardel: los hermanos Ricardo, Federico y Ana Lucía, además de Vilma Albornoz, pareja del primero. Junto a su líder, prometían rendimientos financieros extraordinarios y una vida de prosperidad a través de Generación Zoe.
Tras un mes de debate, Cositorto fue condenado a 11 años de prisión efectiva —pena que se sumó a una condena anterior de 12 años—. Ricardo Gabriel Isaac Vilardel y Jorge Federico Vilardel recibieron 7 y 5 años de prisión efectiva, respectivamente, por asociación ilícita en calidad de miembros y estafa continuada, en concurso real.
En tanto, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz fueron condenadas a 3 años de prisión condicional por asociación ilícita en calidad de miembros y estafas bajo la modalidad de delito continuado, también en concurso real.
Los investigadores aseguran que interpretar el fenómeno delictivo como el resultado de una supuesta capacidad financiera excepcional de Cynthia Moya sería un error conceptual importante. Por el contrario, la imputada comenzó con maniobras rudimentarias en Metán y luego expandió sus operaciones hacia la capital salteña a partir de vínculos e inserciones dentro de sectores jerárquicos de la Policía de Salta.
Oriunda de El Tunal, en Metán se hacía pasar por abogada
El grupo familiar de Moya reside en la localidad de El Tunal, en el departamento Metán, de donde es oriunda la líder de las falsas financieras. Hija de padres separados, su madre se desempeña como empleada pública y podóloga. Según la investigación, Cynthia no registra formación académica relevante vinculada a la actividad financiera ni jurídica.
Las pesquisas indican que existen antecedentes de conductas defraudatorias tanto en Metán como en Salta, donde se hacía pasar por abogada. Incluso estuvo detenida en Metán tras tareas investigativas de la Brigada local. Fue durante ese período de detención cuando comenzó a vincularse con agentes policiales. Luego se trasladó a la capital salteña y se afincó en el domicilio de su madre, en inmediaciones de las calles General Paz y San Juan.
Registra una inscripción en la Universidad Católica de Salta, aunque sin completar los estudios. Lejos de detenerse, sus conductas se habrían agravado: llegó incluso a suplantar la identidad de un profesional, utilizando el nombre de un abogado para hacerse pasar por tal, lo que derivó en actuaciones penales en la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC).
Moya también estuvo vinculada a maniobras fraudulentas vinculadas a la comercialización de vehículos en Metán, actividad que desarrollaba junto a su pareja, una funcionaria policial de apellido Correa, también imputada en la causa. De esa forma, fue ampliando la captación de inversores y penetrando cada vez más en el ámbito policial.
Perjuicios millonarios bajo una misma modalidad
Leonardo Cositorto fue condenado en Salta a 11 años de prisión por una estafa piramidal que afectó a 118 víctimas. El perjuicio económico acreditado en el juicio ronda los 776 millones de pesos y más de 570 mil dólares, mediante falsas inversiones que prometían rendimientos de entre el 7,5 y el 10 por ciento mensual.
La estafa ejecutada por Generación Zoe en Salta resultó, en mucho menos tiempo, más rentable que lo recaudado por Moya durante varios años —la investigación contra ella comenzó a fines de 2021—. Además, al tratarse de una red con expansión internacional, se estima que Zoe estafó a más de 100 mil personas en Argentina.
El sistema Ponzi o piramidal dependía de la constante incorporación de nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a quienes habían ingresado antes. Aunque al principio algunos inversores recibieron pagos, el sistema terminó colapsando cuando intervino la Justicia y se frenó el ingreso de nuevos fondos.
Especialistas sostienen que una estructura de esa magnitud inevitablemente termina derrumbándose, ya que matemáticamente es imposible sostener rendimientos tan elevados en el tiempo. Cuando el circuito se interrumpe —ya sea porque los inversores intentan retirar su dinero o porque se detiene la captación de nuevos aportes— el colapso se vuelve inevitable.