PolicialesFue declarado inimputable debido a su edad
A un mes del tiroteo que conmocionó a la ciudad santafesina de San Cristóbal, el adolescente de 15 años que abrió fuego dentro de la Escuela “Mariano Moreno” y provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13, podría retomar sus estudios en las próximas semanas bajo modalidad virtual. La medida, aún en evaluación, se daría en el marco de las restricciones que pesan sobre el joven, quien permanece alojado en una institución especializada en la capital provincial.
El ataque ocurrió el pasado 30 de marzo, antes del izamiento de la bandera, cuando el alumno disparó contra sus compañeros, dejando además a otros dos estudiantes gravemente heridos. El caso generó un fuerte impacto en toda la comunidad educativa, no solo por la violencia del hecho sino también por sus consecuencias posteriores.
El agresor fue declarado inimputable debido a su edad, ya que la legislación vigente aún no contempla la baja de la edad de imputabilidad —una reforma que entraría en vigor recién en septiembre—. Desde entonces, permanece bajo medidas restrictivas de su libertad ambulatoria, mientras avanza el seguimiento judicial y psicológico del caso.
Las secuelas del episodio siguen presentes en cada familia vinculada a la Escuela Normal N°40. Padres, docentes y alumnos debieron atravesar instancias de contención y reflexión para procesar lo ocurrido. En particular, la familia de la víctima fatal enfrenta la pérdida de su único hijo, que había comenzado recientemente la secundaria.
En paralelo, la institución inició un proceso gradual de normalización. Se llevaron adelante jornadas de convivencia para reconstruir lo sucedido y revisar protocolos de actuación. Si bien las actividades están cerca de retomar su ritmo habitual, el clima aún refleja el impacto emocional del ataque.
Otro efecto colateral fue la ola de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe. En las semanas posteriores al hecho, se registraron cerca de 150 advertencias falsas, muchas de ellas a través de mensajes o carteles en baños escolares, lo que generó operativos de seguridad y preocupación generalizada.
Ante esta situación, el gobierno provincial dispuso que los padres de alumnos involucrados en estas amenazas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos. Ya se notificó a una familia que deberá abonar más de seis millones de pesos, y hay al menos 70 sospechosos identificados bajo investigación.
Las autoridades confían en que estas medidas actúen como un freno a la escalada de intimidaciones, en un contexto donde la comunidad educativa aún intenta recomponerse. Mientras tanto, la posibilidad de que el joven atacante retome sus estudios, aunque sea de manera virtual, vuelve a poner en el centro del debate la respuesta del sistema frente a hechos de violencia extrema protagonizados por menores y las herramientas disponibles para evitar que se repitan.