Caso de violencia filio-parental
Un hombre fue condenado por reiterados casos de violencia contra su madre, de acuerdo a fuentes oficiales cometió 15 hechos de desobediencia judicial, entre otros delitos, con lo cual se ha dictado un fallo mediante juicio abreviado en un caso de violencia filio-parental. Una mujer fue violentada por su propio hijo durante más de un año.
Según el expediente judicial, los hechos se remontan a fines de 2024, cuando la justicia implementó las primeras medidas de protección para la víctima ante los constantes actos de violencia perpetrados por su hijo.
En noviembre de ese mismo año, el joven de 23 años fue notificado de la orden de alejamiento del hogar familiar y la prohibición de acercarse a su madre o a su domicilio en un radio de 300 metros. Sin embargo, esta medida legal no fue suficiente y desencadenó una serie de agresiones y desobediencias que se prolongaron durante más de un año.
La primera violación a la orden judicial se registró al mediodía del 2 de febrero de 2025. Poco después, en la madrugada del 25 de febrero, el joven regresó a la vivienda para amenazar a su madre. En abril, nuevamente durante la madrugada, se presentó para advertirle que no solo destruiría la propiedad, sino que también se llevaría su motocicleta.
Tras una breve pausa, el acoso se intensificó dramáticamente hacia finales de 2025. En noviembre, el joven envió un mensaje de audio amenazante, exigiendo entrar a bañarse bajo la amenaza de "explotar" el portón de la casa.
El cumplimiento de sus amenazas comenzó a materializarse días después: el 30 de noviembre dañó el portón de ingreso y, en plena víspera de Navidad, regresó para romper una de las ventanas de la vivienda.
Durante enero y febrero de este año, las visitas no autorizadas y las amenazas se volvieron casi cotidianas, acumulando un total de quince episodios de desobediencia registrados por las autoridades.
Ante la gravedad y la reiteración de estos hechos, el joven fue detenido.
La condena por violencia filio-parental
En una audiencia, el juez de Garantías dictó la condena en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El joven fue encontrado culpable de los delitos de desobediencia judicial (en quince hechos), amenazas (en cuatro hechos), daños (en dos hechos) y hurto simple, todos ellos en concurso real. Se le impuso una pena de once meses de prisión de ejecución condicional.
El agresor recuperó su libertad, pero quedó sujeto a estrictas reglas de conducta durante los próximos dos años. El incumplimiento de estas reglas implicará su inmediato encarcelamiento. La más importante de estas reglas es la obligación del condenado de radicarse de manera definitiva en la provincia de Córdoba. Mientras organiza su traslado, el juez ordenó una consigna policial ambulatoria en el domicilio de la madre hasta confirmar que el joven abandonó Salta.