Corrupción en los organismos estatales
La corrupción enquistada en los organismos del Estado Provincial no deja de brotar en una sociedad argentina corrompida, viciada por donde se la mire.
En octubre pasado, se anunciaba con bombos y platillos la condena a 17 personas vinculadas a una red narco criminal en el Servicio Penitenciario de Salta, varios de los involucrados son ahora exfuncionarios del SPPS.
Una vuelta más
Hace unos días, trascendió una nueva investigación en ese ámbito, una estafa millonaria donde están involucrados también agentes del Servicio Penitenciario, el principal sospechoso es sobrino de la exdirectora del SPPS, la prefecto Carina Torres.
La mayoría de las denuncias fueron realizadas por personal del mismo Servicio Penitenciario, si bien la información oficial indica que habría un “centenar” de damnificados, consultas realizadas por Gente de Salta revelaron que serían unos 200.
Durante la mañana del jueves pasado, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad Investigación UDEC, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, realizaron siete allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad y la localidad de Cerrillos.
El principal sospechoso es un cabo que hasta hace unos meses trabajaba en la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario, de acuerdo a fuentes consultadas por este medio.
Se trata de Matías Leonel Torres, de 33 años, quien ingresó al SPPS en el 2016.
Según la fiscal, Odorisio, los denunciantes informaron que el cabo Torres utilizó un sistema de inversión que funcionaba desde la pandemia (2020). Para la investigadora se trata de un sistema piramidal o Ponzi dedicado a estafar a las personas, en ese sentido dicho esquema habría movilizado más de 2.700 millones de pesos.
Según el MPF a partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181.
Además, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución. También detectaron el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA.
Para Odorisio, la estafa comprende tres estructuras bien definidas:
- El denunciado, Matías Torres, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema.
- Un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares.
- Y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.
Consideró también que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.