PolicialesSueños rotos
La promesa de una vivienda social se convirtió en una pesadilla para un grupo de salteños. Un hombre fue imputado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) tras ser acusado de estafar a una mujer y a familiares cercanos con la promesa de acceso a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al individuo por el delito de estafa reiterada en dos hechos, en concurso real. La investigación se desencadenó tras la denuncia de una mujer que conoció al acusado en 2022, cuando ella trabajaba como remisera.
Según el relato de la víctima, el hombre se presentó como empleado del IPV y se ofreció a ayudarla a inscribirse para acceder a una vivienda. La mujer, ilusionada con la posibilidad de tener su propia casa, accedió a las indicaciones del supuesto funcionario, presentando documentación y entregando dinero en efectivo.
La denunciante señaló que cumplió con los requisitos y que incluso el imputado la llevó hasta el barrio Pereyra Rozas, donde aún se construían viviendas, asegurándole que una de esas casas sería para ella.
Una red de engaños a familiares
El acusado no se detuvo ahí. Aprovechándose de la confianza de la víctima, le comentó que varias personas se habían dado de baja del programa de viviendas y le preguntó si conocía a alguien interesado. La mujer, buscando ayudar a su familia, presentó a su hermano y a su prima.
Según la investigación, el hombre solicitó 70.000 pesos a la víctima principal para la supuesta confección de una carpeta para acceder a la vivienda social. Posteriormente, recibió otros 60.000 pesos en nombre del hermano de la mujer.
Pero las exigencias no terminaron ahí. El acusado también la convenció de entregar otros montos de dinero para distintos fines: 20.000 pesos para pintura y construcción de medianeras, y 100.000 pesos para la supuesta compra de cubiertas de autos. En el caso de la prima, la estafa ascendió a 60.000 pesos, según detalló la fiscalía.
La investigación continúa
La fiscal Salinas Odorisio consideró que el acusado, mediante maniobras engañosas e invocando falsamente su pertenencia al IPV, logró obtener diversas sumas de dinero en beneficio propio, perjudicando el patrimonio de los damnificados. La investigación continúa para determinar el alcance total de la estafa y si existen más víctimas.