PolicialesLa tecnología al servicio de la investigación penal

Fiscalía de Ciberdelincuencia y DiDi trabajan en Salta para establecer canales ágiles de evidencia digital

La fiscal Sofía Cornejo se reunió con representantes de la plataforma para avanzar en la posibilidad de establecer canales ágiles de acceso a evidencia digital para la investigación de causas judiciales que involucren tecnologías y entornos informáticos.

Redacción  Gente de Salta
por Redacción Gente de Salta 10 Mayo de 2026
10 Mayo de 2026
Fiscal Sofía Cornejo.
Fiscal Sofía Cornejo. (Archivo)

El crecimiento de las plataformas de transporte en Salta no solo modificó la forma de movilizarse en la ciudad, sino que también abrió nuevos desafíos vinculados a la seguridad, el control y el acceso a la evidencia digital en causas judiciales

En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal mantuvo una reunión institucional con representantes de la empresa DiDi para fortalecer mecanismos de cooperación en investigaciones penales.

Del encuentro participaron la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, en representación del Ministerio Público de Salta, y por Eduardo Saggian, encargado de DiDi para Latinoamérica.

Reunión entre representantes de DiDi y el Ministerio Público Fiscal de Salta
Reunión entre representantes de DiDi y el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS)

Durante la reunión, las partes analizaron la posibilidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado, especialmente en lo relacionado con delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas o en entornos digitales.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de agilizar los canales de comunicación entre las Fiscalías y la plataforma tecnológica para facilitar el acceso a información que pueda resultar útil como evidencia digital en distintas investigaciones penales.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, también se abordaron mecanismos destinados a optimizar el resguardo y análisis de datos en causas donde intervienen aplicaciones de transporte y otras plataformas digitales.

Cooperación institucional para fortalecer las investigaciones

La iniciativa se enmarca en una política de cooperación institucional orientada a fortalecer la capacidad investigativa frente a delitos que requieren herramientas tecnológicas especializadas y acceso rápido a información digital.

Existen numerosos antecedentes de colaboración formal entre las plataformas de transporte y las autoridades judiciales y fiscales, evolucionando desde simples respuestas a peticiones aisladas hasta convenios tecnológicos avanzados, y las empresas pasaron de la resistencia a la colaboración proactiva, mediante acuerdos con Ministerios Públicos.

Un ejemplo es el de DiDi y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que en febrero pasado firmaron un convenio para facilitar el intercambio de información en el marco de las investigaciones penales, mediante el cual la empresa es la que aporta los datos requeridos por los fiscales que investigan delitos en esa ciudad, garantizando siempre la protección de datos personales.

Este acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa de transporte china les permite a los fiscales acceder a los datos personales, fotos de perfil, mapas de recorridos, fechas y horas de viaje provenientes de la aplicación.

Se trata de una alianza que se concretó en función de agilizar el proceso de intercambio de información en investigaciones penales.

Los requisitos y controles para operar en el servicio de transporte de pasajeros

Por otro lado, el avance de estas aplicaciones también mantiene abierto el debate sobre los controles y requisitos exigidos para operar en el servicio de transporte de pasajeros.

En el caso de DiDi, los requisitos para registrarse como conductor incluyen licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, póliza de seguro y un automóvil modelo 2004 en adelante con al menos cuatro puertas, y la documentación debe contar con una vigencia mínima de un mes.

La situación contrasta con las exigencias de Uber, donde los requisitos suelen ser más estrictos, ya que para registrarse como socio conductor en Argentina, la empresa solicita ser mayor de edad, contar con licencia habilitante —en algunos casos profesional—, antecedentes penales sin observaciones y vehículos con determinadas condiciones de antigüedad y equipamiento, como aire acondicionado y cuatro puertas.

El crecimiento de estas aplicaciones en Salta genera posiciones divididas entre usuarios, trabajadores del transporte y autoridades, especialmente en torno a los controles de seguridad, la protección de pasajeros y el acceso de la Justicia a datos digitales en caso de investigaciones.

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