PolicialesEl paralelismo con el caso Tiago Mendoza
La adolescente de 16 años acusada por el asesinato de Jeremías Monzón, el joven apuñalado 23 veces en una fábrica abandonada de la ciudad de Santa Fe, continuará privada de su libertad.
La decisión fue tomada este lunes tras la audiencia imputativa, donde el juez Sergio Carraro resolvió que la menor, identificada con las iniciales M.A., permanezca alojada en un centro especial para adolescentes, bajo una medida de encierro equivalente a la prisión preventiva en el régimen penal juvenil.
El fiscal Francisco Cecchini confirmó que la causa fue caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, una de las figuras más graves del Código Penal. En diálogo con la prensa, precisó que la investigación tiene acreditada la participación de al menos dos menores de edad, mientras se trabaja para identificar a un tercer sospechoso.
Sin embargo, el avance judicial tiene un límite claro: los implicados no podrián ser juzgados penalmente debido a su edad, lo que reabre el debate sobre la responsabilidad penal de menores en crímenes de extrema violencia.
La brutalidad del ataque quedó reflejada en el informe forense: el cuerpo de Monzón presentaba 23 heridas de arma blanca, y los investigadores creen que el crimen incluso habría sido filmado con el celular de uno de los acusados. Las cámaras de seguridad de la zona también resultaron clave, ya que registraron a la menor y a la víctima caminando juntos minutos antes del asesinato.
Respecto al móvil, la fiscalía maneja varias hipótesis, entre ellas un posible conflicto vinculado a la venta de drogas o una disputa en el marco de una relación sentimental entre la joven y la víctima.
El paralelismo con el caso Tiago Mendoza
El caso Monzón guarda un fuerte paralelismo con lo ocurrido en Orán, Salta, con el asesinato de Tiago Mendoza, donde el autor del crimen, también menor de edad, fue sobreseído pese a que la Justicia determinó su responsabilidad, por imperio de la ley penal juvenil.
Ambos hechos, atravesados por una violencia extrema, vuelven a poner en el centro de la escena una discusión que crece en la sociedad y en los tribunales: qué respuesta puede dar el Estado cuando menores cometen homicidios, y hasta dónde alcanza el sistema actual para dar una respuesta penal, reparar a las víctimas y evitar la impunidad.
Mientras la adolescente seguirá detenida, la causa avanza con límites legales que dejan al descubierto una grieta profunda entre la gravedad de los hechos y las herramientas que tiene la Justicia para sancionarlos.