La jueza María Fernanda Aré Wayar, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación, dictó sentencia a favor de la provincia de Salta en la causa “Provincia de Salta vs. Castedo, Delfín Reinaldo – Ordinario: Reivindicación”. El fallo, fechado en los primeros meses del 2025, ordena al acusado restituir una fracción del inmueble fiscal ubicado en la localidad de Salvador Mazza, departamento San Martín, bajo apercibimiento de lanzamiento.
La causa se inició en 2018, cuando la provincia, representada por la doctora Ana Carolina Geist, interpuso una demanda de reivindicación sobre un terreno de 12 hectáreas identificado con matrícula N° 7124, situado a ambos lados de la Ruta Provincial 34. El predio pertenece al dominio privado del Estado provincial y está alcanzado por una prohibición de adquisición por prescripción debido a su ubicación en zona de frontera.
Según la presentación, el inmueble estaba ocupado por Delfín Reinaldo Castedo, quien mantenía una vivienda y un galpón en el lugar. La provincia lo señaló como poseedor de mala fe e hizo extensiva la acción a cualquier otra persona que ocupará esas fracciones del terreno.
El argumento de Castedo y la defensa del Estado
El imputado, representado por el abogado Alberto Raymundo Sosa, negó los hechos y reconvino por prescripción adquisitiva, alegando haber ejercido posesión pública, pacífica e ininterrumpida desde 1998 sobre unas 3 hectáreas del predio.
Sostuvo que la Ley 22.153, que prohibía prescribir tierras en zonas de frontera, había sido derogada por la Ley 23.554, por lo que consideraba legítimo su derecho a adquirir el terreno.
Castedo presentó boletos de compraventa de posesión y mejoras datados entre 1998 y 2002, con los que intentó demostrar su permanencia y dominio sobre el inmueble. También afirmó que, pese a estar privado de la libertad, su familia continuó viviendo en el lugar y realizando tareas de mantenimiento.
Desde la provincia, la doctora Geist respondió que el inmueble se encuentra fuera del comercio, por lo que no puede ser objeto de adquisición, y que la prohibición de adquirir por prescripción fue registrada en 2000, antes de cualquier reclamo. También remarcó que la documentación aportada carecía de valor probatorio suficiente para acreditar una posesión continua y con ánimo de dueño.
Fundamentos del fallo
Tras el análisis de las pruebas, la jueza Aré Wayar concluyó que Castedo no logró demostrar actos posesorios concretos ni una ocupación de veinte años continuos, requisito indispensable para adquirir el dominio por prescripción.
Además, la magistrada destacó que la demanda de reivindicación interpuesta por la Provincia en 2018 interrumpió cualquier plazo prescriptivo, y que el demandado no probó haber completado el tiempo legal antes de esa fecha.
La sentencia también cita que la provincia de Salta acreditó su título de dominio sobre la matrícula Nº 7124, mientras que el demandado carece de título válido alguno, lo que justifica la restitución del bien al Estado.
En su parte resolutiva, la jueza dispuso rechazar la reconvención por prescripción adquisitiva presentada por Delfín Reinaldo Castedo. Hacer lugar a la acción reivindicatoria promovida por la provincia. Ordenar la restitución del inmueble ocupado, con un plazo de 20 días bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso.
Por otra parte, imponer las costas del proceso al demandado y notificar a la asesora de Incapaces, ante la posible presencia de menores en el lugar, para garantizar su resguardo.
Un fallo con peso institucional
El pronunciamiento reafirma el dominio del Estado provincial sobre tierras fiscales y frena el intento de apropiación de un inmueble estratégico en la zona norte de Salta, históricamente vinculada a conflictos por la tenencia irregular de tierras.
Delfín Castedo —quien cumple condena por narcotráfico— fue así obligado a devolver el terreno, lo que implica un nuevo revés judicial para su entorno familiar y económico en el norte salteño, punto clave para el narcotráfico, escenario conocido como frontera caliente en el norte del país.