PolicialesAdministración fraudulenta y estafas reiteradas
Noviembre de 2024. El aire en los tribunales de Salta se podía cortar con un cuchillo. Patricia del Valle Argañaraz, la que fuera secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, su tesorera, escucharon la sentencia: seis años tras las rejas, de cumplimiento efectivo. Una condena que resonó en los pasillos, dejando un eco amargo entre aquellos que alguna vez confiaron en ellas.
Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, partícipes en la trama, recibieron una pena menor, tres años de prisión, aunque con la condición de no volver a delinquir. Una sombra de duda planeaba sobre el futuro de estos hombres, mientras la justicia intentaba cerrar un capítulo oscuro en la historia del gremio docente.
La batalla legal continúa
Pero la historia no terminó ahí.
El 21 de enero de 2026, el Fiscal de Impugnación interino, Daniel Espilocín, presentó un Recurso de Queja ante la Corte de Justicia de Salta. Busca revertir la decisión de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que había atenuado las condenas originales. Un nuevo intento por hacer valer la justicia inicial, impulsado por la fiscal Mónica Poma, quien había presentado un Recurso de Inconstitucionalidad previamente rechazado.
Todo se remontaba al 25 de noviembre de 2024, cuando el Tribunal de Juicio Sala VI, a instancias de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, dictaminó la culpabilidad de Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo.
Las consideró penalmente responsables de administración fraudulenta y estafas reiteradas (26 hechos), un entramado delictivo que las llevó a prisión efectiva. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi también fueron hallados culpables, aunque su participación les valió una pena menor, de ejecución condicional.
Las defensas apelaron, buscando la absolución de sus clientes. La Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó esos pedidos, pero suavizó las condenas, argumentando que los veintiséis actos de estafa constituían un único delito continuado, que concurría con la administración fraudulenta.
Así, la pena de Argañaraz y Cerezo se redujo a tres años y seis meses de prisión efectiva, mientras que Argañaraz y Zissi recibieron un año y seis meses de prisión condicional.
El Ministerio Público Fiscal no se quedó de brazos cruzados. Consideró que el Tribunal de Impugnación había interpretado erróneamente la ley, al minimizar el impacto de los delitos. Argumentaron que fueron 26 familias las que sufrieron las consecuencias de las maniobras fraudulentas, y que cada una merecía ser considerada individualmente.
Ahora, la Fiscalía clama ante la Corte por una revisión. Buscan que se restablezcan las penas originales, aquellas que el Tribunal de Juicio había impuesto, buscando una reparación más justa para las víctimas de este caso que sacudió los cimientos del gremio docente salteño.