PolicialesCorrupción
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta condenó a dos exfuncionarias municipales de Tartagal por exigir dinero a mujeres y personas LGBTI+ a cambio de incluirlas en el programa Acompañar, un subsidio estatal para víctimas de violencia de género.
Carla Antonella Cordero Soria, exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad, recibió 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sandra Mabel Domínguez, empleada de la misma oficina, fue condenada a igual prisión e inhabilitación por 20 años.
Ambas fueron declaradas culpables de concusión agravada por su función y por provecho propio. Además, deberán pagar 2,6 millones de pesos como reparación económica a una víctima.
Acuerdos judiciales y reparaciones
La jueza María Alejandra Cataldi homologó el acuerdo de juicio abreviado el 26 de septiembre. También aprobó una suspensión de juicio a prueba por 18 meses para Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, imputado como partícipe necesario del mismo delito.
Hurtado pagó 1,5 millones de pesos a la víctima principal y se comprometió a aportar 300 mil pesos en cuotas mensuales al Santuario "Virgen de la Peña" y la Asociación Fray Domingo Migliori. También realizará 20 horas mensuales de trabajo comunitario durante 12 meses en tareas de limpieza y mantenimiento.
Una cuarta implicada, Celeste Abigail Robles, empleada de la misma oficina, enfrentará juicio oral y público.
Metodología del esquema fraudulento
La investigación reveló que las funcionarias exigían 10 mil pesos a las beneficiarias como condición para acceder al programa, independientemente de si cumplían los requisitos objetivos para obtenerlo.
Cuando las beneficiarias dejaban de realizar los pagos ilegales, las funcionarias les daban de baja el plan alterando sus datos en el sistema para impedir el cobro del subsidio.
Hurtado facilitaba su cuenta bancaria para canalizar los pagos ilegales y ofrecía acceso al programa a personas de su entorno a cambio de un porcentaje. También recibía dinero indebido en efectivo.
Origen de la investigación
El caso se inició tras múltiples denuncias presentadas desde noviembre de 2022. La primera fue radicada por una beneficiaria, seguida por otra mujer que pidió reserva de identidad, concejales de Tartagal y una diputada nacional por Salta.
También se abrieron actuaciones preliminares a partir de la cobertura de medios locales y redes sociales. La fiscalía confirmó la verosimilitud de las denuncias mediante información de organismos de control como la exAFIP, el Banco Central y entidades bancarias.
Las investigaciones demostraron transferencias periódicas de dinero desde beneficiarios del programa hacia cuentas bancarias vinculadas a las funcionarias imputadas y a Hurtado, confirmando el esquema de extorsión sistemática.