Piden un mayor presupuesto
El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados de la Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. El Ejecutivo logró avanzar con el proyecto en la Cámara Baja con 149 votos a favor y 100 en contra en el tratamiento en general.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto será debatido en el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias de la Cámara alta.
- La iniciativa plantea una reforma de una ley de la dictadura y, entre otros puntos salientes, propone penas de prisión no mayores a los 15 años, además de sanciones alternativas más leves con un criterio de gradualidad.
- Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua para menores de 14 a 17 años, y se fija que aquellos adolescentes que sean privados de su libertad cumplan la pena en establecimientos específicos, separados de los adultos criminales.
- Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El voto de los legisladores salteños
Los legisladores salteños Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno Ovalle y Carlos Raúl Zapata de La Libertad Avanza y Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega de Innovación Federal, acompañaron el proyecto.
En consecuencia, el proyecto pasa al Senado, donde el oficialismo buscará transformarlo en ley. Son junto a la reforma laboral las principales apuestas parlamentarias del Gobierno en este arranque de 2026.
Al respecto, el diputado salteño Pablo Outes expresó su apoyo al proyecto de Ley pero “exigió” que se destinen los recursos para poner en acción las medidas, caso contrario, advirtió: “Su cumplimiento será una mentira”.
Por su parte, Yolanda Vega, también cuestionó la falta de financiamiento suficiente y planificación federal, aspectos esenciales para hacer efectiva la norma.
El bloque político planteó que las provincias necesitan recursos, sobre todo con “una ley de esta magnitud se implementa con buenas intenciones, pero también con presupuesto, profesionales y centros de detención especializados”, remarcó la legisladora.
“La seguridad de todos depende de lo que suceda en cada rincón de nuestras provincias”, agregó. E insistió en que la Nación debe garantizar “que esta ley se aplique con el mismo estándar en todo el país”.
En ese sentido, Vega expresó que sin financiamiento efectivo los adolescentes más vulnerables podrían quedar expuestos a un sistema penal colapsado, aumentando la estigmatización y la exclusión social. De hecho, en Salta hay superpoblación carcelaria, con lo que la baja de la edad imputabilidad viene a sumar un punto más a esta problemática, si bien la incidencia de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos graves es ínfima.
Por último, Bernardo Biella coincidió en que la ley debe equilibrar la protección de los adolescentes con la seguridad de las familias, pero también advirtió sobre los riesgos de la reclusión temprana.
En línea con su par de bloque, dijo estar de acuerdo en apoyar la ley en general, pero “si no modificamos el artículo del presupuesto, lamentablemente no lo vamos a poder acompañar”, agregó. A modo de ejemplo, dijo que una institución con 23.000 millones de pesos sería para 16 niños por año. “¿De dónde vamos a sacar la plata para construir esto? Del incentivo docente, del salario policial, de los medicamentos e insumos de los hospitales”, se preguntó. “No podemos seguir ahogando a las provincias”, concluyó.