Reclamo por "el interior productivo”
Luego de la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, aunque no formalmente porque jurará este martes, se está rearmando el bloque algo desdibujado aún, de gobernadores que se desmarcan del reclamo de urgencias a la Nación, para hacer pedidos más sustentables y de fondo, y de esa forma también poner a prueba las posibilidades de maniobra del nuevo funcionario.
Lo hizo el gobernador salteño Gustavo Sáenz, con el pedido urgente de una ley de derribo ante el escándalo de la avioneta con cocaína que cayó en Rosario de la Frontera y también lo adelantó en un debate que tuvo la semana pasada en TN con el oficialista todoterreno Fernando Iglesias.
Y ahora es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se alzó para reclamar al Gobierno Nacional los fondos coparticipables que considera esenciales para el desarrollo de su provincia. No se trataba solo de una exigencia económica, sino de un llamado a repensar el modelo de distribución de la riqueza en Argentina.
Pullaro se dirigió directamente al presidente Javier Milei. Le solicitó no solo la devolución del dinero adeudado, sino también un debate profundo sobre el sistema impositivo que rige el país.
Sus palabras pintaban un cuadro de contrastes, donde la pujanza productiva de Santa Fe se diluía en un mar de subsidios destinados, según su visión, a sostener estructuras clientelares en la provincia de Buenos Aires.
El aporte santafesino
“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, sentenció Pullaro. La frase resonó en el ambiente, dejando una estela de preguntas sobre la equidad y la justicia distributiva. El gobernador describía una realidad donde el esfuerzo productivo se veía socavado por una distribución que consideraba injusta, alimentando un círculo vicioso que impedía el crecimiento armónico del país.
En sintonía con las reformas propuestas por la administración de Milei, pero con una perspectiva propia, Pullaro cuestionó con vehemencia las retenciones, calificándolas como “el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina”. Su propuesta era audaz: bajar “todos los impuestos, ya sean nacionales, provinciales y locales, para poder producir más”. Un llamado a desatar las fuerzas productivas, liberándolas de las ataduras fiscales que, en su opinión, frenaban el potencial del país.
Un Interior productivo olvidado
El clamor por una redistribución “más equitativa” de los recursos se erigió como el eje central de su discurso. Denunció la concentración de la riqueza en el área metropolitana de Buenos Aires, un fenómeno que, según su visión, relegaba al “interior productivo” a un segundo plano. Sus palabras evocaban imágenes de campos fértiles y fábricas bulliciosas, relegadas por la falta de inversión y la inequidad en la distribución de los beneficios.
“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó Pullaro.
La problemática de la coparticipación federal no solamente emerge en ejemplos individuales de provincias como Santa Fe, sino que refleja una tensión estructural dentro del federalismo fiscal argentino. La distribución actual de los recursos generados despierta críticas debido a su percibida inequidad, y provoca que regiones productivas sientan que su contribución económica no se refleja en los beneficios recibidos.
En la Argentina, la discusión sobre la coparticipación federal y el sistema impositivo abarca complejidades tanto legales como políticas. Constitucionalmente, el artículo 75 indica la obligación del Congreso de establecer un régimen de coparticipación federal de impuestos, equitativo y solidario, cuyo cumplimiento efectivo a menudo es cuestionado por las provincias y de hecho está cristalizado en la Reforma Bonstitucional de 1994.
Políticamente, la concentración de recursos en el área metropolitana de Buenos Aires ha sido una fuente de tensión recurrente con las provincias que se consideran contribuidoras netas al sistema, las cuales reclaman una distribución más justa y proporcional que reconozca su aporte económico al país.
Este desequilibrio ha motivado a líderes provinciales a exigir reformas para asegurar que sus regiones reciban una porción más significativa de los fondos coparticipables.