La expresidenta está sindicada como jefa de una asociación ilícita
Cristina Kirchner está acusada de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos de sobornos por 17 millones de dólares en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Se trata de los desembolsos de empresarios para mantener sus contratos de obras públicas, según la acusación fiscal leída este jueves, al comienzo del mega juicio en su contra y de otras 86 personas más, entre exfuncionarios y empresarios de los más poderosos del país.
Durante el primer día del juicio, que se realiza por Zoom, la expresidenta participó junto a su abogado Carlos Beraldi desde su casa de San José 1111, donde está presa condenada a 6 años por otro caso de corrupción: la causa Vialidad.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “Cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.
La fiscal general Fabiana León, quien lleva adelante la acusación en el caso Cuadernos advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.
Cuadernos es ” solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero dan inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.
La ex presidenta estará en su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la causa Vialidad y que la Corte Suprema dejó firme este año.
Además son juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Se juzgan 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.
Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
La investigación se centró en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.
En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.
Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.
El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esa instancia se habilitará la presencialidad.
Otro golpe para Cristina
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazó la medida cautelar solicitada por la ex presidenta Cristina Kirchner para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner.
Ese beneficio había sido suspendido por la ANSES, que depende del Ministerio de Capital Humano y que le reclamará a la actual presidenta del PJ que reintegre lo cobrado con anterioridad, cifra que se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.
En el marco de esta causa judicial, la ex mandataria venía reclamando la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.