PolíticaSiguen los expositores virtuales
La Cámara de Diputados lleva adelante desde este miércoles dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, en medio de cuestionamientos por las restricciones impuestas a la participación ciudadana. Hoy es la última jornada, luego de una candente batería de exposiciones iniciales.
El esquema definido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) prevé un formato mixto, con intervenciones presenciales y virtuales, pero limita la exposición a unos 200 oradores de un total de 120 mil inscriptos. Según lo dispuesto, 100 participantes expusieron de forma presencial este miércoles y otros 100 lo hacen de forma remota el jueves. El resto presenta su postura mediante un escrito o un video de hasta cinco minutos.
La organización de las audiencias generó críticas desde distintos sectores. Además de restringir la cantidad de oradores, se resolvió que solo podrán asistir los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto a dos asesores por bloque.
Los expositores tendrán un máximo de cinco minutos para presentar sus argumentos, lo que obligará a un estricto control del tiempo para poder cumplir con el cronograma previsto, especialmente durante la primera jornada, en la que se espera la participación de representantes de las 24 jurisdicciones.
Desde la oposición, legisladores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas cuestionaron la limitación en la participación y reclamaron extender la cantidad de jornadas de debate, aunque el oficialismo ratificó las fechas originalmente establecidas para el 25 y 26 de marzo.
En paralelo, la convocatoria a las audiencias también generó presentaciones judiciales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó una medida cautelar presentada por particulares que buscaba suspender las reuniones. En su fallo, el magistrado consideró que no se acreditó de manera suficiente la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario.
Sin embargo, aún permanece sin resolución otra cautelar presentada por organizaciones ambientalistas ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7. En ese planteo, entidades del sector solicitaron que se garantice la participación oral de todos los inscriptos en las audiencias públicas.
El desarrollo de estas instancias de debate se da en un contexto de creciente tensión política y social en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que genera preocupación en sectores ambientales por su posible impacto en la protección de los recursos naturales.
Un debate de larga data
La discusión por la Ley de Glaciares tiene una larga historia en la Argentina, marcada por tensiones entre la protección ambiental y el desarrollo de actividades extractivas. La norma original fue sancionada en 2010 con el objetivo de preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, estableciendo restricciones a la minería y otras actividades en esas zonas sensibles.
Desde su aprobación, la ley fue resistida por sectores vinculados a la actividad minera y algunos gobiernos provinciales, que cuestionaron su impacto en las economías regionales. Esto derivó en judicializaciones y en demoras en la implementación plena de herramientas clave, como el inventario nacional de glaciares, fundamental para determinar qué áreas quedan protegidas.
En los últimos años, el tema volvió a cobrar fuerza en la agenda política a partir de distintos intentos por modificar la normativa. El proyecto de reforma aprobado recientemente por el Senado reavivó el debate, con advertencias de organizaciones ambientalistas sobre un posible retroceso en los niveles de protección, frente a la postura del oficialismo y sectores productivos que impulsan cambios para habilitar inversiones.
La convocatoria a audiencias públicas en la Cámara de Diputados se da en este contexto de fuerte controversia. Las críticas por las limitaciones en la participación y las presentaciones judiciales reflejan la sensibilidad que rodea a una ley considerada clave para la protección de los recursos hídricos, en medio de un escenario de creciente preocupación por la crisis climática.
Balance de la primera jornada
Por amplia mayoría, la primera audiencia pública rechazó la modificación a la Ley de Glaciares, y además aparecieron intenciones de denuncias penales. Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso -secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones". "Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", subrayó.
A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. "Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley", contrastó e indicó que la reforma "tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción".
A su turno Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que "me tocó negociar ocho años el acuerdo de Escazú, que se basa en varios principios que no se respetan acá" y criticó que con la sanción de la ley "no va a haber más presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad porque las provincias van a establecer lo que les parezca". Asimismo, rechazó que antes de esta iniciativa no existía un federalismo, porque actualmente las provincias "pueden ser autoridad de aplicación, hacer evaluación de impacto ambiental, dar licenciamiento ambiental y recibir regalías".
Una postura media fue presentada por el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la actual ley "es defectuosa y no coincide con lo asesorado en el IANIGLA", dado que "el ambiente periglaciar está mal definido en la ley y es abstracto jurídicamente". Aún así, dijo que "el inventario de glaciares está bien hecho con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar y debe ser revisado por los habitantes que están en las provincias". A pesar de ello, dijo que la propuesta que tuvo media sanción en el Senado "hay algunos puntos que están inconclusos": pidió modificaciones técnicas en el artículo 2°, 4° y 6°.
El respaldo de la reforma fue dada por el ministro de Producción de San Juan Gustavo, Emilio Fernández, quien sostuvo que "la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades" por lo que "la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas". En ese marco, dijo que para el uso eficiente del agua, lo más conveniente es desarrollar un sistema de riego mecanizado para el uso agrícola, que acapara el 81% de los recursos hídricos de la provincia.