Política"Estamos entregando el agua y es para siempre"
En el marco del debate por la Ley de Glaciares, el abogado ambientalista Enrique Viale anunció que presentará una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública y cohecho.
Según expresó durante la audiencia, la acusación se basa en que Royón no está defendiendo los intereses de la provincia de Salta, sino que mantiene vínculos con empresas mineras que podrían beneficiarse de decisiones políticas. Particularmente mencionó a Río Tinto.
En ese sentido, Viale señaló posibles conflictos de interés y adelantó que la presentación judicial incluirá también la investigación de eventuales hechos de cohecho.
En paralelo, el abogado convocó a una movilización frente al Congreso de la Nación para acompañar el reclamo y visibilizar la preocupación social en torno al tratamiento de la ley y la protección de los recursos hídricos.
La convocatoria busca reunir a organizaciones sociales, comunidades afectadas y ciudadanos en general bajo una consigna común: la defensa del agua y de los glaciares frente al avance de proyectos extractivos.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión, donde el debate ambiental se cruza con cuestionamientos políticos sobre la transparencia y la representación de los intereses públicos en decisiones estratégicas para el país.
Fuertes críticas y acusaciones durante la audiencia pública
La audiencia pública por la Ley de Glaciares estuvo marcada por momentos de alta tensión. Se presentaron cifras alarmantes sobre el consumo de agua de proyectos mineros y se denunciaron presuntos vínculos entre políticos y empresas del sector.
Uno de los puntos más controversiales fue el señalamiento al proyecto Vicuña, que, según informes, consumiría alrededor de 2.000 litros de agua por segundo durante 30 años, equivalentes a 174 millones de litros diarios. Se cuestionó la viabilidad del sistema de "circuito cerrado" prometido por la empresa.
Las críticas apuntan a emprendimientos mineros clave en la región, como Barrick Gold, operadora de Veladero, y Glencore, señaladas por su impacto en áreas de glaciares y periglaciares. También se mencionaron proyectos como Pachón, Mara y Los Azules, asociados a grandes inversiones internacionales.
Además, se cuestionó a legisladores, como el diputado José Peluc de San Juan, por supuestos vínculos con proveedores del sector minero, generando dudas sobre la transparencia en la toma de decisiones legislativas.
Estas intervenciones reflejan un clima de creciente confrontación, donde la discusión técnica sobre el uso del agua y la protección ambiental se mezcla con cuestionamientos políticos e institucionales.
Otras participaciones relevantes
Referentes ambientales, comunidades indígenas y especialistas defendieron los glaciares y el agua como un recurso vital y un derecho humano fundamental.
El evento atrajo a 100 mil personas interesadas en debatir el impacto de las actividades extractivas en zonas sensibles del país, especialmente en regiones cordilleranas con acceso limitado al agua. Doscientas personas fueron seleccionadas como expositoras a lo largo de dos días.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pronunció un discurso contundente, afirmando que la discusión trasciende lo ambiental y se convierte en un debate ético y social. "Estamos acá por el agua. No es una mercancía, es un derecho, y ese derecho se lo quieren quitar al pueblo", sentenció.
Pérez Esquivel destacó las desigualdades en el acceso al agua, señalando que mientras en grandes centros urbanos como Buenos Aires el agua se usa sin restricciones, en muchas regiones del país la escasez es crítica. "Hay lugares donde el agua vale más que el oro", afirmó, instando al Congreso a escuchar a la ciudadanía.
También advirtió sobre la exclusión de sectores históricamente marginados: "Nos olvidamos de los hermanos indígenas. Los descartables tienen rostro, tienen vida, y están siendo marginados".
Desde el territorio, las voces de las comunidades originarias reforzaron esta preocupación. Josué Vargas, representante de la comunidad El Cóndor en Jujuy, describió la grave situación en la Puna, donde las poblaciones dependen del agua de glaciares y periglaciares.
"Hace miles de años que nuestros ancestros habitan estos territorios. Hoy están en peligro", declaró. Denunció que la minería a cielo abierto consume grandes cantidades de agua, mientras comunidades enteras sufren escasez, especialmente en los meses más críticos. "Hay familias que caminan kilómetros para conseguir agua", explicó.
Vargas también alertó sobre el impacto económico y social: actividades tradicionales como la ganadería, la agricultura y el turismo comunitario se ven afectadas, forzando a las poblaciones a migrar a centros urbanos en condiciones precarias. "Extraen y se van. No queda trabajo para las familias", afirmó, resumiendo su postura con la consigna: "El agua no se vende".
El debate también incluyó perspectivas sobre el desarrollo sostenible. Se enfatizó que el verdadero crecimiento no depende solo de la extracción de recursos, sino de su calidad y preservación. El agua fue definida como un factor central para cualquier modelo de desarrollo a largo plazo.
La audiencia evidenció una creciente tensión entre distintos modelos productivos: la explotación de recursos naturales a gran escala, la defensa del ambiente, las economías regionales y los derechos de las comunidades.
En el centro de la discusión, una idea resonó con fuerza: el agua no es solo un recurso, sino la base de la vida y un derecho que, para muchos, está en riesgo.