Por una denuncia de violencia de género
Tras haberse rechazado el pedido de licencia del edil Maximiliano Casasola días atrás, el Concejo Deliberante de Salta aprobó este miércoles su suspensión hasta que exista una definición judicial sobre la causa por violencia de género que se tramita en su contra. Al ser consultados por Gente de Salta sobre un posible reemplazo en la banca del concejal libertario, integrantes de La Libertad Avanza dentro del propio cuerpo confirmaron que no habrá reemplazante y que el recinto funcionará temporalmente con 20 integrantes.
La medida terminó definiéndose luego de varias semanas de tensión institucional dentro del Concejo Deliberante, donde el caso avanzó en paralelo al expediente judicial y a una investigación interna encabezada por la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial. El debate atravesó además distintas posiciones políticas dentro del cuerpo, ya que mientras un sector impulsaba la suspensión preventiva del edil hasta que avance la causa, otro grupo directamente proponía excluirlo de manera definitiva.
El proceso había ingresado en su tramo final durante los primeros días de mayo, cuando Casasola formalizó un pedido de licencia por dos meses ante el cuerpo legislativo. En aquella presentación, el concejal de La Libertad Avanza sostuvo que buscaba garantizar “un tiempo razonable para que la Justicia se expida”, mientras continuaba el trámite institucional en su contra.
Sin embargo, para ese momento la comisión ya había avanzado sobre gran parte de las etapas centrales del expediente interno. Primero se incorporó documentación remitida desde la Justicia, luego se recibió el testimonio de la denunciante y finalmente el descargo del propio edil, dejando el caso prácticamente en condiciones de resolución.
La situación terminó escalando políticamente el viernes pasado, cuando la Comisión de Disciplina rechazó formalmente el pedido de licencia presentado por Casasola y emitió un dictamen de mayoría recomendando su suspensión hasta que la Justicia se expida sobre la causa. En paralelo, también se firmó un dictamen de minoría que proponía directamente excluir al edil del cuerpo deliberativo.
Ese dictamen fue remitido posteriormente a Labor Parlamentaria y terminó siendo tratado este miércoles en el recinto, donde finalmente se aprobó la suspensión del concejal libertario. La resolución representa además una salida intermedia dentro de un debate que atravesó tanto al oficialismo como a la oposición: el Concejo decidió no aceptar la licencia voluntaria presentada por el edil, aunque tampoco avanzó —al menos por ahora— con una expulsión definitiva.
La denuncia por violencia de género
La causa que originó el proceso institucional dentro del Concejo Deliberante fue radicada el 20 de diciembre de 2025 y quedó bajo investigación de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1. Según la denuncia, la mujer mantuvo una relación de aproximadamente diez años con Maximiliano Casasola y ambos convivieron en una vivienda del barrio Castañares.
De acuerdo con ese relato, la relación habría estado atravesada por distintos episodios de violencia que se fueron agravando con el tiempo. El hecho más reciente habría ocurrido a mediados de diciembre, cuando una discusión escaló y, días después, derivó en una presunta agresión física. Tras ese episodio, la denunciante dejó el domicilio que compartía con el concejal y se refugió en la casa de sus padres.
La causa fue caratulada como presuntas lesiones agravadas y derivó en la adopción de medidas de protección judicial para la mujer. Entre ellas, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento contra Casasola y la implementación de un botón antipánico, medidas orientadas a resguardar a la denunciante mientras avanza la investigación penal.
En paralelo al expediente judicial, la Comisión de Disciplina del Concejo incorporó documentación remitida por la Justicia, recibió la declaración de la denunciante el 24 de abril y luego convocó al edil para que realizara su descargo. En esa instancia, Casasola negó las acusaciones y ejerció su derecho de defensa, antes de que el cuerpo avanzara con el dictamen que recomendó su suspensión.