PolíticaRuta del dinero K
La Corte Suprema de Justicia ha dado un paso significativo en el proceso de incorporación al Estado de activos provenientes de la corrupción, iniciando formalmente la administración de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles que fueron decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Este movimiento se produce tras años de litigio y controversias sobre el destino de los fondos recuperados. El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF), Néstor Costabel, la disposición de decomiso y adjudicación definitiva de los fondos obtenidos a través de subastas, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre de la Corte Suprema.
La decisión marca un punto de inflexión en la administración de bienes provenientes de la corrupción, aunque no está exenta de desafíos y debates sobre su correcta utilización.
Un decomiso millonario tras años de litigio
La sentencia original, dictada por el TOF en abril de 2021 y confirmada por Casación en 2023, estableció el decomiso de USD 61.130.860,86 y $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.
Romero solicitó formalmente al TOF 4 la transferencia de estos fondos a dos cuentas del máximo tribunal, requiriendo además la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según consta en el oficio.
La Corte Suprema, con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, había allanado el camino para esta ejecución al declarar inadmisibles los recursos de la defensa el 29 de mayo de 2025, lo que dejó firmes las condenas y los decomisos.
Conflicto de poderes por la administración de los bienes
Si bien la Corte Suprema avanza en la toma de control de los bienes, la administración de estos activos ya había generado tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
El gobierno había creado, mediante decreto, el Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de administrar estos activos. Sin embargo, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar en octubre pasado, frenando la aplicación del decreto por considerar que "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria.
Esta cautelar subraya las complejidades en la gestión de los bienes decomisados y la necesidad de un marco legal claro que defina las responsabilidades de cada poder del Estado.