¿Se quería escapar de la justicia?
En un sorpresivo giro judicial, el juez federal Ariel Lijo —a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4— ordenó la prohibición de salida del territorio nacional para el exfuncionario Manuel Adorni.
La medida cautelar, firmada el viernes por la noche, respaldó el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien argumentó la existencia de un "riesgo procesal de fuga" debido a la cercanía logística con la República Oriental del Uruguay.
Fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py confirman que la restricción es el paso previo y vinculante a un llamado a declaración indagatoria, el cual se formalizará en los próximos días tras detectarse severas inconsistencias en la evolución de sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La lupa pericial de la fiscalía se posa sobre un entramado de gastos corrientes que incluye el presunto uso de tarjetas de crédito corporativas a nombre de secretarias privadas, sucesivos viajes internacionales y costosas reformas en una propiedad del barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La pieza clave que destrabó el expediente fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar. El contratista ratificó bajo juramento haber percibido la suma de 245.000 dólares en efectivo y por fuera del circuito legal por las refacciones del inmueble.
El panorama procesal del exfuncionario se complicó aún más tras la filtración de una serie de audios de WhatsApp enviados al propio Tabar apenas 48 horas después de dejar su cargo.
En las grabaciones, Adorni intentaba pactar un encuentro previo a la citación judicial del 4 de mayo para coordinar la versión de los hechos: "Mati, querido... yo este finde voy a ir a Indio (...) te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate... es una boludez para que todos nos quedemos tranquilos", detalla el material que la justicia ya incorporó como presunta prueba de entorpecimiento probatorio.