Las paredes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), testigos silenciosos de incontables operaciones financieras, se vieron sorprendidas este lunes por una presencia inusual: la de los investigadores.
En el marco de una causa contra Elías Piccirillo, el exmarido de la modelo Jésica Cirio, quien ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en Banfield por una acusación grave – haberle tendido una trampa a Francisco Hauque, plantándole un arma y drogas para evitar saldar una deuda de seis millones de dólares – la justicia puso la lupa sobre la entidad monetaria.
Bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, una serie de allanamientos se desplegaron tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuentes del caso confirmaron que entre los objetivos se encontraba, nada menos, que el BCRA, un golpe de efecto que resonó en los pasillos del poder económico.
La Sombra de la Duda: Averiguación de Delito
El expediente, caratulado como “averiguación de delito”, centra sus sospechas en el ex de Cirio por presuntas maniobras irregulares en la compra y venta de dólares.
La danza de los billetes verdes, siempre bajo la atenta mirada de los reguladores, ahora era objeto de una investigación que buscaba desentrañar posibles ilícitos.
Los agentes de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales se abocaron a la tarea de secuestrar teléfonos celulares, computadoras portátiles, equipos de escritorio y todo dispositivo capaz de almacenar información digital. Cada byte, cada archivo, podría ser la pieza faltante en el rompecabezas que intentaban armar.

La orden era clara: incautar cualquier documento relevante para la investigación, así como dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los distintos objetivos.
Pero la historia no comenzó este lunes. En abril, el legislador porteño Yamil Santoro había señalado a Piccirillo como un eslabón clave en una supuesta estructura delictiva que habría defraudado al Estado Nacional.
Las acusaciones eran contundentes: fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Una tormenta de imputaciones que ahora se materializaba en allanamientos y secuestros.
La denuncia original, presentada en diciembre de 2023, ya advertía sobre posibles irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Se investigaba la utilización del sistema para acceder a dólares al tipo de cambio oficial, para luego revenderlos en el mercado paralelo. Los denunciantes apuntaban a Piccirillo como el cerebro detrás de la operación.
La investigación se adentra ahora en la tarea de determinar si empresas vinculadas a Piccirillo obtuvieron divisas sin realizar importaciones reales, para luego lucrar con su venta informal a un precio superior. Esta maniobra, de confirmarse, habría ocasionado un perjuicio millonario al erario público y violaría el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.
Santoro, con la vehemencia de quien cree tener la razón, declaró que “con esta ampliación de la denuncia, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”.
Según la investigación, Piccirillo habría operado con la presunta connivencia de funcionarios de la Aduana y del Banco Central, lo que podría configurar el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
Mientras tanto, Piccirillo se encuentra en prisión domiciliaria desde noviembre. El ex empresario también enfrenta otro proceso judicial, acusado de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”. Un laberinto judicial que se complica aún más con esta nueva investigación que sacude los cimientos del Banco Central.
