Polémica por la reforma en Inteligencia
El Gobierno avanzó este viernes con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el Decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, sin pasar por el Congreso. La medida redefine la estructura y las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y generó una inmediata reacción de la oposición, que anticipó que intentará rechazar el DNU en el Parlamento.
Bloques del kirchnerismo, el interbloque Unidos y la izquierda denunciaron un avance del Poder Ejecutivo sobre atribuciones sensibles y reclamaron que se active la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo para analizar la validez de la norma. Sin embargo, la Libertad Avanza buscará impedir que la embestida opositora prospere y confía en los plazos legales que le permiten tratar el DNU incluso sin despacho previo de las comisiones.
Entre los puntos más controvertidos del decreto se incluyen el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y la facultad de aprehender personas en flagrancia. Los opositores también cuestionan los cambios de nombres y funciones de los organismos, y denuncian un riesgo de “espionaje político” y militarización de funciones civiles.
Desde ámbitos cercanos a la SIDE, una fuente consultada por Gente de Salta fue tajante al evaluar los cambios introducidos por el DNU:
“Siguen improvisando y maquillando, pero sin hacer nada a fondo y de manera profesional. Son aficionados que, con buenas intenciones o con apetitos personales, meten mano. Es todo más de lo mismo”, afirmó la fuente, que pidió reserva de identidad.
La crítica se centra en que, más allá de la reestructuración formal, el decreto no aborda los problemas históricos del sistema de inteligencia ni avanza en una profesionalización real del área. Según la fuente, cada “depuración” deja al organismo con menos profesionales y se incorporan “amigos, punteros o familiares” sin capacidad técnica, mientras se desaprovecha la formación de jóvenes a través de la escuela de inteligencia, “caminando junto a veteranos darían una muy buena base para la reconstrucción de la destruida SIDE durante el proceso K”. "Si hay internas, perdemos todos, nadie gana”, afirmó.
Sobre el equipo del Gobierno, la fuente destacó tanto el rol de Manuel Adorni como el de Santiago Caputo: “El Presidente necesita brazos ejecutores, capaces y confiables de sus políticas y gente con vocación de trabajo y sacrificio. Adorni es uno de esos ‘soldados’, es el primero en llegar y trabaja incansablemente. No lo conozco personalmente ni somos amigos, pero me parece un cuadro importante”.
Paralelismo entre Santiago Caputo, actual estratega de la SIDE, y Antonio Stiuso, histórico exespía del organismo
“Caputo tiene buenos contactos y es un tipo súper capaz y lúcido, pero Antonio es todo experiencia, más de 30 años en el campo y no llegó desde una ‘biblioteca’ de un operador político. Son dos cosas totalmente diferentes”, afirmó la fuente, subrayando que, aunque las trayectorias son distintas, el actual titular cuenta con habilidades destacadas para ejecutar las políticas del Gobierno.
En el plano político, la oposición ya reclamó formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente del Congreso, Martín Menem, que se conformen las comisiones bicamerales encargadas de fiscalizar la SIDE y tramitar la validez del DNU. Aunque algunos especialistas constitucionales consideran que podría abrirse el recinto en febrero para discutir la derogación de la norma, conseguir el quórum y los votos necesarios será un desafío.
Por ahora, los bloques dialoguistas y la UCR no definieron su postura, mientras que desde el PRO afirmaron que analizan el decreto con cautela, considerando que la temática es central para la seguridad y defensa del país.
Constitucionalistas alertan que el DNU de Milei otorga poderes extraordinarios y podría ser inconstitucional
Analistas externos también cuestionaron el decreto. Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Alejandro Gil Domínguez se pronunciaron públicamente en contra de la iniciativa.
Sabsay criticó el uso del DNU y calificó su contenido de “aberraciones”, señalando que podría permitir que un funcionario detenga personas en la vía pública y reclamando que la Justicia declare su “inconstitucionalidad”.
Por su parte, Gil Domínguez cuestionó la habilitación de tareas de contrainteligencia en todo el sector público, comparando la medida con prácticas de vigilancia ideológica:
“Esto se hacía durante la dictadura militar en los colegios secundarios y en las universidades públicas para marcar a las personas por lo que pensaban, decían o por cómo se vestían”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.
“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado.
Con esta combinación de críticas internas y debate político externo, el DNU 941/2025 se perfila como uno de los instrumentos más discutidos de la administración Milei, y coloca nuevamente a la SIDE en el centro del debate sobre profesionalización, control civil y atribuciones del sistema de Inteligencia argentino.