PolíticaAuditoría y fondos públicos en la mira
Un informe técnico definitivo sobre el uso del Fondo de Reparación Histórica encendió alertas en Salta al exponer un escenario marcado por irregularidades, falta de controles efectivos y problemas en la ejecución de obras públicas. El documento analiza la utilización de los recursos desde 2012 en adelante y plantea serios cuestionamientos sobre el destino de los fondos.
El trabajo, elaborado por un equipo de la Auditoría General de la Provincia de Salta, revela que numerosos proyectos financiados con este fondo no se concretaron o quedaron inconclusos, mientras que otros registraron incrementos presupuestarios muy por encima de lo previsto originalmente.
El monto estimado originalmente para las obras rondaba los $924 millones, pero la ejecución total superó los $2.810 millones, es decir, más del triple de lo previsto.
Uno de los puntos más críticos del informe es la dificultad para auditar una porción significativa del dinero ejecutado, lo que limita la trazabilidad de los recursos públicos y complica la evaluación del impacto real de las inversiones.
El diagnóstico general queda sintetizado en un cuadro incluido en la página 131 del informe, donde se expone con claridad el alcance económico de las inconsistencias detectadas, reflejando el peso de las irregularidades en el total de los fondos analizados.
El estudio fue encabezado por el auditor principal, el contador Julio Martínez Poma, y contó con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por contadores, abogados, ingenieros y arquitectos. Entre ellos se encuentran Walter David Valdivia, Diego M. Larrán Solá, María Regina Fabbroni, Ángela Mariela Cuenca, Gimena Emilia Andujar, Lourdes Medina Leavy, Walter Guaymás, René Ríos, Mauro Rottigni, Juan Carlos Medina, Miguel Andrés Gutiérrez, Fernanda Sajia, Juan Carlos Flores y Franco Sachetti.
La magnitud de los hallazgos reabre el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, especialmente en programas de alto impacto económico y social como el Fondo de Reparación Histórica.
El FRH fue creado en 2012 durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, con un endeudamiento internacional cercano a los 200 millones de dólares destinado a obras en el norte provincial. Sin embargo, a más de una década, los números reflejan un fuerte contraste: de 176 obras previstas, solo 84 se completaron, mientras que el 76% de los fondos se destinó a proyectos inconclusos.
Uno de los puntos más críticos señalados en la interna de la AGP es el manejo de anticipos millonarios para obras que se iniciaron años después —o directamente nunca se concretaron—. Casos emblemáticos como la planta depuradora de líquidos cloacales en San Ramón de la Nueva Orán exponen pagos anticipados sin ejecución efectiva, en medio de reclamos históricos por contaminación y falta de infraestructura.
Obras críticas que no se hicieron
- Plantas de agua potable y saneamiento: Afectadas en las localidades de Agua Norte, Galpón y Orán.
- Planta potabilizadora de Campo Santo: Una obra clave que debería abastecer también a General Güemes y El Bordo, pero que sigue en la lista de pendientes.
El programa contemplaba un total de 176 obras públicas, distribuidas entre distintos organismos ejecutores, principalmente la Secretaría de Obras Públicas, la ex Secretaría de Asuntos Municipales, CoSAySa, Vialidad y el Poder Judicial.
Además, se advirtió que, ante la falta de datos en el expediente, no se buscaron fuentes alternativas de información, lo que profundizó las críticas al informe.
Mientras tanto, las consecuencias de esas obras inconclusas siguen vigentes: problemas de agua potable, sistemas sanitarios colapsados y miles de familias afectadas en departamentos como San Martín, Orán y Rivadavia.
El informe de la Auditoría General de la Provincia de Salta sobre el Fondo de Reparación Histórica deja al descubierto no solo irregularidades en la ejecución de recursos, sino también debilidades estructurales en los mecanismos de control del Estado. En Salta, el desafío ahora pasa por traducir estos hallazgos en acciones concretas que permitan esclarecer responsabilidades, recuperar la confianza pública y garantizar que futuras inversiones realmente cumplan con los objetivos para los que fueron creadas.