PolicialesHasta para pagar gastos personales
En una nueva jornada del juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, una testigo amplió detalles sobre el funcionamiento del sistema de vales con los que los funcionarios justificaban la extracción de dinero de la caja municipal.
La audiencia de este miércoles continuó con la declaración de cuatro testigos, entre ellos, dos de identidad reservada, y la primera en comparecer fue una mujer que solicitó hacerlo sin la presencia de los acusados, en cuyo marco contó que se desempeñaba como auxiliar contable durante la gestión de Gonza y que sus superiores directos eran el contador Guaymás y el jefe comunal.
La mujer reveló que trabajaba a la par de la tesorera, quien en mayo de 2018 fue sorpresivamente desvinculada de la Municipalidad, y sostuvo que fue Aldo Gonza el encargado de comunicarle que ya no debía presentarse a trabajar, aunque no contaba con ninguna designación en el municipio, ya que no era funcionario, ni empleado ni concejal, pero actuaba como si fuera el jefe.
Luego, contó que ella siguió cumpliendo tareas en la Tesorería y sostuvo que durante la gestión de Gonza siempre estuvo “en negro”, que cobraba por planilla, en efectivo, junto a otro centenar de personas que también trabajaban sin estar registradas.
En ese momento, la testigo manifestó que pensó que se trataba de una modalidad de las estructuras comunales, pero después comprendió que era una situación irregular e “indigna”.
Con los vales justificaban la extracción de dinero de la caja municipal
Durante su declaración, la testigo hizo especial referencia a los vales con los que los funcionarios justificaban la extracción de dinero de la caja municipal, y describió que eran papeles numerados y con el logo de la Municipalidad, presentados como justificativo para extraer efectivo para supuestas “cosas urgentes”.
Detalló que a veces dejaban consignado para qué era el efectivo y otras veces no, y solo utilizaban el concepto “cargo” para señalar bajo responsabilidad de quién salía el dinero.
La testigo explicó que el efectivo se guardaba en la caja fuerte de la Secretaría de Hacienda, que eran fondos provenientes de los contribuyentes y que ese dinero permanecía ahí a pesar de lo que establecen las normas, que debe depositarse en una entidad bancaria.
Este sistema paralelo al sistema informático formal de la Municipalidad generó sospechas en la testigo sobre el destino final de los fondos.
Los vales circulaban con mayor frecuencia los viernes, supuestamente para actividades planificadas durante el fin de semana, por lo que apuraban su emisión.
Al hacer referencia a los retiros de efectivo de Aldo Gonza, narró que, cuando se resistía a entregarle dinero, debido a que sabía que él no tenía ningún cargo en el municipio, Guaymás intervenía, le ordenaba entregarle el monto solicitado y él firmaba el vale.
Los vales municipales para pagarle a una empleada doméstica
Incluso, contó que en una ocasión el hermano del intendente retiró dinero para pagarle a una empleada doméstica y lo hizo delante de ella.
Por otro lado, la mujer sostuvo que el entonces secretario de Hacienda presentaba facturas que no tenían el respaldo de un proceso de contratación, y aseguró que durante la gestión de Gonza no se cumplía con lo que establece la ley en relación a la contratación de bienes y servicios, y que los vales eran destruidos y reemplazados por ese tipo de facturas.
Durante la jornada también declararon una exempleada de la comuna de San Lorenzo y un vecino, dueño de un taller mecánico.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Federico Diez, que lo preside, Paola Marocco y Francisco Mascarello, mientras que por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria.
En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, quien es apoderada de la comuna, y la defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera, mientras que la de los hermanos Gonza está en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.