PolíticaAmbientalistas detenidos: Por la Ley de Glaciares
Brutal agresión policial a un camarógrafo que intentaba cubrir, como muchos, la protesta pacífica de los ambientalistas de Greenpeace sentados en el inodoro, quienes por cierto se filtraron burlando la seguridad de las escalinatas del Congreso.
El grupo de al menos doce ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana cuando saltaron la reja del Congreso para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares propuesta por el Gobierno, que será tratada en las próximas horas en el Senado.
Los manifestantes sortearon las rejas del Palacio Legislativo y se instalaron en las escalinatas con varios inodoros y carteles con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”.
Tras unos pocos minutos, al menos una docena de manifestantes fueron detenidos a la rastra por efectivos de la Policía Federal, y como plus, agredió a camarógrafos y periodistas que cubrían lo que pasaba en el lugar: Un camarógrafo de A24 fue tirado al piso, golpeado y detenido.
También hubo denuncias de agresiones a periodistas de otros medios y uso de gas pimienta.
Más tarde, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la liberación inmediata del camarógrafo y dispuso tomar declaración al efectivo policial que denunció “haber sido agredido” por el camarógrafo, quien de acuerdo a las imágenes y su propio relato, no se despegó un solo minuto de su herramienta de trabajo, la cámara, y “lo tomaron como agresión porque no podía retroceder entre los cables”.
Qué implica la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares (2010) establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Prohíbe actividades que puedan afectar su estabilidad o función hídrica.
La modificación impulsada por el Gobierno —que ya obtuvo media sanción en Diputados— propone redefinir el alcance del “ambiente periglacial” y otorgar mayor autonomía a las provincias para determinar qué áreas deben ser protegidas.
Desde Greenpeace sostienen que el cambio reduciría los estándares actuales y abriría la puerta al avance de actividades extractivas, como la megaminería y los hidrocarburos, en zonas hoy alcanzadas por restricciones. También cuestionan que el tratamiento se realice en sesiones extraordinarias y sin un debate público amplio.
Especialistas como el glaciólogo Lucas Ruiz advirtieron que delegar en cada provincia la definición técnica podría debilitar el concepto de “presupuesto mínimo ambiental”, cuyo objetivo es fijar un piso de protección común para todo el país. Según esta postura, el riesgo sería generar asimetrías regulatorias y competencia entre jurisdicciones para atraer inversiones con menores exigencias ambientales.
El debate en el Senado definirá si se mantienen los criterios actuales de protección o si se avanza en una descentralización de esas definiciones hacia las provincias.