Bajó un cambio
La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer 119.033 pensiones por discapacidad laboral suspendidas por el Gobierno. El fallo expuso una fuerte reducción en la cobertura estatal y apuntó a la gestión del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, señalado en audios que mencionaban un presunto circuito de coimas en el que también se aludía a Karina Milei. Según la Justicia, las bajas se realizaron sin auditorías previas y afectaron a beneficiarios que no fueron notificados o debieron trasladarse largas distancias para renovar sus certificados médicos.
“Las bajas masivas se produjeron sin cumplir los protocolos mínimos de revisión médica y afectaron a miles de familias que dependían de esas pensiones para su sustento diario”, señala uno de los fragmentos del fallo firmado por el juez Díaz Martínez.
En este contexto, el Gobierno nacional anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que fija los montos abonados a los prestadores de servicios para la atención de personas con discapacidad. La medida, oficializada por la Jefatura de Gabinete, se aplicará de forma escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar “mayor previsibilidad” al sistema.
De acuerdo con la Andis, el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, utilizado como referencia por instituciones públicas y privadas.
Desde el organismo afirmaron que el ajuste busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las coberturas en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.
Además, la agencia remarcó que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado.
El nomenclador nacional constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que fija los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores. Con esta actualización, el Gobierno intenta desactivar un conflicto que se profundizó tras los reclamos de familiares y profesionales del área, que denunciaban la falta de fondos y la paralización de servicios esenciales.