PolíticaContra todo pronóstico
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta resolvió absolver al exintendente de Coronel Juan Solá-Morillo, Miguel Atta Gerala, en la causa que investigaba el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
El fallo fue dictado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano, quienes tras deliberar entendieron que los elementos reunidos durante el proceso no lograron quebrar el estado de inocencia del exjefe comunal.
Según se explicó en la extensa fundamentación, si bien existían sospechas en torno a Atta Gerala, no se lograron incorporar pruebas directas que lo vincularan con la maniobra ilegal. El tribunal reconoció el trabajo de la fiscalía, encabezada por Eduardo Villalba, pero sostuvo que la acusación se basó principalmente en indicios.
En ese sentido, el juez Batule señaló que hay “sospecha suficiente” para profundizar la investigación, aunque aclaró que eso no alcanza para una condena. Incluso advirtió que el fallo podría ser revisado por instancias superiores.
Los magistrados también evaluaron elementos puntuales, como el uso de una camioneta del exintendente en parte de la maniobra, pero concluyeron que no se pudo demostrar que supiera el destino que se le daba. Del mismo modo, no se acreditó que las herramientas utilizadas para cortar los rieles fueran las mismas que se encontraban en un taller municipal dentro de su propiedad.
Otra de las hipótesis que surgió durante el juicio es que su hijo podría haber utilizado su nombre para negociar o imponerse ante terceros. En ese marco, el tribunal consideró posible que haya “chapeado” con la figura del exintendente sin que este tuviera conocimiento de las actividades ilícitas.
El entramado del caso y los condenados
La investigación apuntó a una organización dedicada al desmantelamiento del ramal C25 del ferrocarril, cuyos rieles eran cortados y trasladados hacia la zona de Aguas Blancas, desde donde cruzaban hacia Bolivia a través del río Bermejo.
Durante el juicio se acreditó que José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, tenía un rol central en la operatoria. Según se probó, proveía herramientas, organizaba la logística y utilizaba mano de obra de comunidades originarias para llevar adelante el desguace.
Además, la investigación determinó que se pagaban coimas a miembros de fuerzas de seguridad para garantizar el paso de los cargamentos. Por estos hechos, “Yopi” Gerala ya había sido condenado a seis años de prisión en un juicio abreviado, al igual que el contrabandista David Medina y el gendarme Jorge Fernando Cabrera.
En el mismo fallo, el tribunal también condenó a tres años de prisión al policía Mauro Rodríguez por el delito de cohecho pasivo. En su caso, los jueces consideraron que sí existían pruebas directas, como comunicaciones con el hijo del exintendente en las que se hablaba de liberar la zona para el traslado de los rieles.
Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe del destacamento en Pluma de Pato, recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la prohibición de residir o circular por el departamento Rivadavia Banda Norte.
Negocio millonario por día
En el marco de la causa, un testigo aseguró que la operatoria incluía el traslado diario de entre tres y cuatro camiones cargados con rieles robados hacia Bolivia, lo que generaba ganancias cercanas a los 25 millones de pesos por día.
Además agregó que “por tonelada se pagaba 200 mil pesos”, que cada camión transportaba entre 30 y 31 toneladas de rieles robados y que se hacían entre cuatro y cinco viajes diarios.
La fiscalía ya trabaja en la presentación del recurso de casación para intentar revertir la absolución, en una causa que expone una trama de delitos complejos y un fuerte impacto en comunidades vulnerables.