SociedadEscándalo en Educación
El escándalo por las capacitaciones irregulares que salpica al sistema educativo salteño sigue sumando nuevas aristas y mantiene en vilo a cientos de docentes. Mientras los abogados que representan a los trabajadores reclaman que no se apliquen sanciones automáticas y se respete el debido proceso, la Justicia profundiza la investigación y ya requirió documentación clave al Ministerio de Educación para determinar el origen de los certificados cuestionados.
Según denunciaron los abogados defensores, al menos 800 docentes habrían sido perjudicados tras adquirir capacitaciones ofrecidas por una empresa que no contaba con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación ni con aval de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. Los cursos fueron vendidos, cobrados y presentados como válidos, e incluso en una primera instancia habrían sido aceptados y computados por la propia Junta, lo que reforzó la presunción de legalidad por parte de los docentes.
Los docentes aseguran haber “actuado de buena fe”, confiando en una oferente que simulaba convenios institucionales y contaba con recomendaciones dentro del ámbito educativo. Al tomar conocimiento de las irregularidades, muchos de ellos realizaron denuncias penales por estafa y presentaciones administrativas, temiendo ahora por sus legajos, horas cátedra, nombramientos y titularidades.
Frente a este escenario, los abogados Emilio Ruiz y Nilda Ferreyra asumieron la representación legal del grupo afectado. Desde la defensa, el principal reclamo apunta a que no se sancione a los docentes sin permitirles ejercer su derecho al descargo. “Estamos ante trabajadores que fueron estafados. El hilo no debe cortarse por lo más delgado”, sostuvieron en un comunicado, al tiempo que exigieron que la Junta de Calificadora evalúe la documentación presentada, recibos, comprobantes y denuncias, y actúe con equidad.
Pedido de documentación al Ministerio de Educación
En paralelo, el 18 de diciembre, la Justicia dio un paso decisivo. Por orden de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, personal de la UDEC se presentó en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación para requerir documentación vinculada a los certificados bajo sospecha. La medida, dispuesta en el marco del artículo 312 del Código Procesal Penal, busca establecer la procedencia de los títulos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Desde el Ministerio de Educación se indicó que la denuncia judicial se originó al detectar que los certificados habrían sido utilizados para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Así, el caso avanza en dos frentes: por un lado, la investigación judicial que intenta desentrañar una posible red de falsificación; por otro, el reclamo de los docentes y sus abogados, que exigen no ser tratados como responsables de una maniobra que aseguran haber sufrido como víctimas. El desenlace dependerá ahora de cómo se equilibren las responsabilidades penales con la protección de los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la educación.