SociedadAhora clausuraron a la empresa por contaminar
La empresa de contenedores Contemax fue clausurada este martes tras un supuesto vuelco de residuos, según informaron fuentes municipales, en una laguna de la zona sudeste de la ciudad y la existencia de una conexión clandestina que vertía aceites y combustibles al canal Tinkunaku, una situación que de ser así pondría en riesgo el ambiente y la salud de la población.
En medio de la polémica por la clausura de su empresa, Miguel Castro, dueño de Contemax, rompió el silencio y se dirigió directamente al Intendente Emiliano Durand. En un mensaje que mezcla defensa empresarial y reclamo político, Castro cuestiona las acusaciones y campañas de desprestigio que, asegura, afectan a su empresa sin fundamentos, y pide coherencia al municipio en el trato a los emprendedores.
“Yo, Miguel Castro, dueño de Contemax, solicito al Intendente Emiliano Durand y a sus funcionarios que dejen de difamar y perjudicar a mi empresa con campañas de desprestigio que sólo persiguen un trasfondo político. Ni yo ni mi personal tenemos inclinaciones políticas oficialistas o de oposición. Cabe aclarar que soy padre de Érica Castro, concejal electa por La Libertad Avanza, pero soy dueño de Contemax desde mucho antes de que mi hija participara en la actividad pública. Al señor Intendente le pido coherencia: si realmente se pone al hombro la bandera de los emprendedores, no ataque a un empresario que hasta el 2025 no tuvo ningún inconveniente con la burocracia municipal”.
Durante la inspección, los funcionarios habrían confirmado el arrojo de residuos en una laguna cercana al barrio Justicia y el funcionamiento de un lavadero de vehículos conectado de manera clandestina al canal, además del vertido directo de hidrocarburos como aceite y combustible, considerado una falta grave por su impacto ambiental.
Sin embargo, el abogado de la empresa, Daniel Nallar, cuestionó los motivos de la clausura. “Hoy han tenido dos visitas en dos domicilios diferentes. En ambos han hecho un acta de comprobación de infracción y un acta de clausura”, explicó. Sobre la primera acta, en la calle González, agregó:
“Es una locura, en realidad, porque se trata de un galpón en el que simplemente se guardan vehículos. Y como tiene una descarga natural al Tinkunacu, ellos advierten que hay agua que cae y le atribuyen, sin ninguna prueba, sin fotos, sin estudios periciales de ningún tipo, que se trata de hidrocarburos, cuando en realidad es el lavado que hacen a veces de los contenedores para guardarlos. Antes de guardarlos, le tiran agua y lo que va al Tinkunacu es agua con tierra. Más que contaminarlo, lo beneficia”.
Sobre la segunda acta, realizada en Avenida de las Américas, Nallar señaló:
“Allí sí desarrolla las actividades Contemax y le atribuyen para clausurarla el no tener certificado de aptitud ambiental (CAAM). El problema que están teniendo es un problema culpa de la municipalidad. Contemax inició los trámites de la habilitación y la actividad de contenedores está teniendo un problema porque no está calificada de manera clara en los nomencladores municipales, entonces cuando se va a hacer una habilitación, las propias autoridades municipales tienen demoras y problemas porque no pueden nomenclarlo. Lo que impide hacer el certificado de aptitud ambiental es la demora en la habilitación por parte de la municipalidad. Es decir, hay una responsabilidad de la propia municipalidad”.
Esta no es la primera vez que Contemax queda bajo la lupa. El 1 de agosto del año pasado, un incendio de gran magnitud afectó al barrio Ampliación 20 de Junio. Los vecinos denunciaron que la empresa había arrojado material inflamable ilegalmente, generando un relleno sanitario irregular que facilitó la propagación del fuego. Según Nallar, aquella situación “quedó en la nada, fue mediática y política, no hubo pruebas contundentes, y fue culpa de la municipalidad que no había desmalezado”.
La situación plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del municipio. La falta de control efectivo y supervisión preventiva demuestra una preocupante tolerancia frente a posibles infracciones ambientales graves, con consecuencias directas sobre el ecosistema y los vecinos de la ciudad. Mientras Contemax insiste en que parte de las acusaciones carecen de sustento, la Municipalidad de Salta mantiene la clausura avanzando con las actuaciones administrativas correspondientes.
Entre denuncias, antecedentes y cuestionamientos, la clausura de Contemax evidencia una vez más los conflictos entre empresas, vecinos y el Estado local, y abre el debate sobre quién realmente controla y protege el medio ambiente en la ciudad.