SociedadDispersaron sus animales y pertenencias
"Fueron parte del pueblo vencedor de la independencia, dónde está el espíritu del General Güemes en estos días, desalojando familias ancestrales, jueces y policías tienen el corazón de roca", expresó a Gente de Salta Verónica Ardanaz, gestora del Patrimonio Cultural Intangible, especialista en programas y proyectos socioculturales, que divulga este tipo de intervenciones en defensa de los territorios originarios en Salta.
La imagen de viviendas destruidas, pertenencias esparcidas a la vera del camino y familias enteras obligadas a abandonar las tierras que habitan desde hace generaciones volvió a colocar en el centro del debate el histórico conflicto territorial entre la Comunidad Diaguita Kallchakí de Las Pailas y particulares que reclaman la propiedad de esos terrenos en el departamento de Cachi.
El operativo judicial y policial ejecutado días atrás en el paraje San Gabriel, a unos 16 kilómetros de Cachi, dejó una profunda conmoción entre los pobladores. Integrantes de la comunidad denunciaron que la medida se llevó adelante con un despliegue de cientos de efectivos y que terminó afectando a varias familias, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. También denunciaron daños en cultivos, pérdida de animales y la destrucción de medios de subsistencia.
El conflicto por las tierras de Las Pailas se remonta a más de una década. Las familias diaguitas sostienen que se trata de territorio ancestral y recuerdan que la comunidad cuenta con personería jurídica reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además de haber sido relevada en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, norma que suspendía los desalojos hasta la finalización del relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades originarias. La derogación de esa protección a fines de 2024 abrió un nuevo escenario judicial que hoy tiene consecuencias concretas en distintos puntos del país.
Según denunciaron referentes indígenas, la orden judicial originalmente alcanzaba a una familia y una superficie reducida, pero el procedimiento terminó extendiéndose a otros grupos familiares que no formaban parte de la causa. Organizaciones sociales, abogados y referentes de derechos humanos cuestionaron el accionar de la Justicia y denunciaron que se desconocieron las presentaciones realizadas por organismos provinciales y nacionales vinculados a los pueblos originarios.
Las críticas apuntan a la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, María Fernanda Diez Barrantes, cuya actuación es cuestionada por organizaciones que consideran que se vulneraron derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Sin embargo, las acusaciones de favorecer intereses particulares y las versiones sobre eventuales vínculos personales con integrantes de la familia Wayar, más precisamente Florencia Wayar que aparece como propietaria denunciante, forman parte de denuncias y sospechas expresadas públicamente por diversos sectores, sin que hasta el momento existan pruebas públicas o resoluciones oficiales que las acrediten.
Mientras tanto, lejos de resignarse, la Comunidad Diaguita Kallchakí inició una nueva etapa de resistencia. Las familias afectadas permanecen movilizadas y comenzaron una campaña para recuperar el territorio y exigir la revisión de las medidas judiciales. Bajo la consigna "Las Pailas resiste, el territorio se defiende", convocaron a movilizaciones y recibieron el respaldo de organizaciones indígenas, de derechos humanos y sociales de toda la provincia.
En las últimas horas, la tensión volvió a aumentar tras nuevas denuncias por desalojos y por la imputación de integrantes de la comunidad por supuesta usurpación. Las familias aseguran que se busca criminalizar a quienes habitan históricamente esas tierras y denuncian que no fueron escuchadas ni tuvieron posibilidad de ejercer una defensa efectiva.
Para los pobladores de Las Pailas, la pelea excede una disputa de títulos y escrituras. Se trata, sostienen, de la defensa de una forma de vida, de la memoria de sus antepasados y del derecho a permanecer en un territorio que consideran parte esencial de su identidad.
La historia de Las Pailas se ha convertido así en uno de los conflictos territoriales más emblemáticos de Salta y en un símbolo de una discusión que atraviesa a todo el país: la convivencia entre los derechos de propiedad y los derechos colectivos reconocidos a los pueblos originarios por la Constitución Nacional.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta, junto a la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su enérgico repudio al desalojo ejecutado por la Policía de la Provincia contra la familia Mamaní, integrante de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Las Pailas, en Cachi.
Las organizaciones denunciaron que el operativo ordenado por la jueza María Julia Diez Barrantes vulneró derechos constitucionales y tratados internacionales que protegen a los pueblos originarios, al tiempo que cuestionaron que se ignoraran condicionamientos establecidos por la Cámara de Apelaciones sobre la situación territorial de las tierras en disputa.
Asimismo, advirtieron sobre una presunta celeridad de sectores del Poder Judicial para favorecer intereses privados vinculados a la familia Wayar, en detrimento de más de 40 familias de la comunidad. En ese marco, exigieron al Gobierno de Salta y al Poder Judicial el cese de toda medida represiva y de hostigamiento, reclamaron el respeto a los derechos territoriales indígenas y manifestaron su solidaridad con la familia Mamaní y con la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita.
Las entidades se declararon en estado de alerta y ratificaron su compromiso con la defensa de la tierra, la identidad y la dignidad de los pueblos originarios.