SociedadLa motosierra llegó a la cárcel
El juez federal Federico Hernán Villena ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) cumplir de manera inmediata una sentencia judicial firme que establece cómo debe liquidarse el peculio de las personas privadas de la libertad, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. La decisión incluye la advertencia de aplicar multas diarias y posibles sanciones penales por desobediencia si no se acata la orden.
La resolución se dictó en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por internos del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Los detenidos denunciaron que el SPF redujo de forma indebida el monto que perciben por su trabajo, debido a la disminución de horas laborales y a la falta de pago de licencias justificadas.
El juez recordó que la sentencia de fondo fue dictada en mayo de 2019 por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y que quedó firme en diciembre de 2023, sin que hasta el momento haya sido cumplida por el organismo penitenciario.
Villena rechazó los argumentos del SPF, que intentó justificar su accionar en resoluciones administrativas del Ministerio de Seguridad y en instructivos internos. Para el magistrado, esas normas no pueden reemplazar ni dejar sin efecto una sentencia judicial firme, ni tampoco establecen un plan concreto para adecuar el pago del peculio a la legislación laboral vigente.
Ante esta situación, el juez intimó personalmente al director nacional del SPF, Fernando Julián Martínez, a presentar en un plazo de 20 días hábiles un cronograma detallado para regularizar el pago del peculio conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de incumplimiento, advirtió que se aplicarán multas diarias (astreintes) y que podría configurarse el delito de desobediencia judicial.
Además, ordenó notificaciones personales y dispuso un control estricto del cumplimiento de la medida, hasta que se garantice de manera efectiva el cese de la vulneración de derechos denunciada por los internos.
