En medio de la creciente tensión por los desalojos en Las Pailas, el abogado Martín Plaza habló con Gente de Salta e indicó que presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo de urgencia contra la Policía de la Provincia, particularmente contra el Cuerpo de Infantería y la Unidad Regional Nº 12 de Cachi.
La acción judicial solicita el cese inmediato del hostigamiento, del cerco policial y de cualquier amenaza de desalojo forzoso o detención "por vías de hecho", al considerar que las fuerzas de seguridad excedieron los límites de la orden judicial original.
El recurso fue interpuesto en favor de integrantes de la familia Guzmán, entre ellos dos menores de edad y un joven con discapacidad, identificado en la presentación como sujeto de preferente tutela constitucional.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es que, según el escrito, la familia Guzmán no forma parte del expediente civil "Wayar vs. Mamaní", origen de la orden de desalojo. De acuerdo con la presentación, sus integrantes nunca fueron demandados ni tuvieron participación en el proceso judicial, por lo que denuncian que quedaron sometidos a un "asedio policial" producto de un exceso en la ejecución material del procedimiento.
En ese sentido, el hábeas corpus sostiene que la orden de desalojo debía limitarse originalmente a una fracción de cuatro hectáreas y a la situación particular de Agustín Mamaní. Sin embargo, denuncia que el despliegue de las fuerzas de seguridad derivó en el cercamiento de la vivienda de terceros ajenos al litigio, mediante un operativo calificado como violento e intimidatorio.
Asimismo, se solicitó la intervención urgente de la Asesoría de Menores e Incapaces y, de corresponder, de la fiscalía penal competente, con el objetivo de verificar la legalidad del procedimiento y los límites geográficos de la medida ejecutada.
En este contexto, organizaciones indígenas y de derechos humanos se manifestaron en las calles salteñas para denunciar este desmedido operativo policial que comenzó el viernes por la noche y se extendió hasta el domingo, en el paraje Las Pailas, de la localidad de Cachi, donde varias familias de la comunidad Diaguita-calchaquí fueron desalojadas de territorios que consideran ancestrales.
Según referentes de la comunidad, el procedimiento afectó a varias viviendas y familias que no estaban incluidas en la orden judicial original.
De acuerdo con las denuncias, participaron cientos de efectivos policiales y el operativo derivó en el retiro de pertenencias y el desplazamiento de familias que habitan la zona desde hace décadas.
La comunidad sostiene que se violaron derechos territoriales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre pueblos originarios.
Puntualmente, el operativo judicial y policial se concretó este viernes, en el paraje San Gabriel, del departamento de Cachi, donde efectivos de Infantería y personal de la Justicia avanzaron con una orden de desalojo sobre seis familias que residen en la zona de Las Pailas, en el marco de un conflicto por tierras que se extiende desde hace unos 15 años.
El expediente que dio origen a la orden judicial fue iniciado en 2010, por los propietarios de los terrenos, encabezados por María Florencia Wayar y otros integrantes de esa familia.
A modo de protesta, miembros de diferentes comunidades se congregaron este lunes por la mañana, en la Plazoleta IV Siglos, para expresar su apoyo a la comunidad diaguita calchaquí y reclamar por la restitución de las tierras.
En ese marco, Elba Coyo, originaria del paraje Agua Negra, expresó a este medio su indignación por el “trato indigno” que recibieron las familias de Las Pailas: “Estamos solidarizándonos, apoyando a los hermanos de Las Pailas que fueron desalojados de manera violenta e ilegal. Los han dejados sin sus tierras”.
Y lamentó: “No tuvieron piedad con los abuelos, niños y discapacitados. La gente vive del campo y de lo que producen, de los animalitos. No tuvieron piedad de nada, los dejaron afuera, imagínense con el frío este. Están armando carpas a la orilla del camino porque no tienen otro lugar a donde ir”.
Elba se mostró acongojada por la situación que atraviesan estas familias pero aseguró que teme que sigan avanzando con la expropiación de más tierras ancestrales: “Ahora la mayoría de los dueños de las tierras son extranjeros, a los que no les interesa la contaminación del medio ambiente, de lo que sufren los animales y sus consecuencias. Es injusto lo que están haciendo”.
Con lágrimas en los ojos, la mujer advirtió: “No va a quedar nadie ahí. No sabemos qué propósito tienen pero sí sabemos que son mezquinos y los extranjeros no saben convivir con los originarios, se molestan, no entienden de nuestra cultura”.
Consultada sobre si el gobierno nacional o provincial intervienen a favor de los originarios, Elba fue tajante y expresó: “El gobierno es el que se encarga de todo esto. Ya nos bajó una ley que nos protegía en contra de los desalojos. El Gobierno nos abandonó porque somos los pobres”.
Y agregó: “Ellos están para los ricos, para los grandes multinacionales y todo lo que sea dinero. A nosotros no nos quieren”.
Por su parte, el abogado Martín Plaza, que asiste legalmente a la comunidad, denunció que el desalojo “es ilegal por donde se lo vea”, ya que se ordenó en la previa de fin de semana largo, con lo que cualquier presentación judicial de defensa indígena debe esperar hasta este martes.
El letrado también se mostró indignado por la “furia institucional” y la presencia policial en la zona, que arrasaron con familias enteras, ancianos, discapacitados, animales y la producción en la que habían trabajado: “el desalojo fue totalmente ilegal y con una fuerza totalmente desproporcionada, ya que se comisionaron a más de 600 efectivos de la infantería provincial para realizar el desalojo, que empezó el viernes a la tarde y continuó hasta ayer a la noche, desalojando a las últimas familias, muchas con niños menores y adultos mayores”.
“Se avasalló de manera brutal a la comunidad originaria de Las Pailas en Cachi”, enfatizó Plaza y adelantó que este martes ingresará a la Justicia un pedido de nulidad para que se restituya justamente las viviendas a los comuneros y a todas las personas desalojadas de la comunidad.
La pelea judicial por las cuatro hectáreas se retrotrae a una sentencia dictada por la justicia salteña, en 2012, que reconoció a Florencia, Carolina y Oscar Wayar la propiedad de ese predio, que Agustín Mamaní arrendaba, una práctica habitual en la provincia, donde personas que habitan y trabajan un terreno no tienen el título de propiedad y son obligadas a pagar a un titular registral para seguir produciendo en el lugar.
En este caso, se le exigía a Mamaní que devolviera las cuatro hectáreas por haberse vencido un contrato de arriendo, que se acordaba desde 2001, antes de la ley 26160.
La falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas antes de la existencia de la ley 26160 (2006), y del artículo 9º de la Ley provincial 7658 (para evitar el desalojo de campesinos), permitió a titulares registrales hacerse de las tierras como propias a través del cobro de arriendo.
Si bien la ley 26160, que declaraba la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, ordenaba un relevamiento catastral y suspendía los desalojos de comunidades indígenas, fue eliminada por el gobierno de Javier Milei, los legisladores provinciales omitieron tratar la prórroga del artículo 9 de la ley provincial en 2025.
Sin esa prórroga, hay un alto riesgo de desalojos en tierras trabajadas por el campesinado. Fue a partir de esta desprotección legal y la caducidad del contrato de arriendo que los Wayar lograron la medida de desalojo ejecutada el viernes.