SociedadTemor por fuentes laborales y por el posible traslado del costo a los usuarios
El Gobierno nacional avanza hacia la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa encargada del servicio de rampa en los aeropuertos del país, al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de sus acciones. La medida, formalizada por el Ministerio de Economía, se enmarca en la Ley 27.742 y consolida una decisión que ya venía trazada desde principios de 2025.
Más allá del procedimiento administrativo, el proceso abre interrogantes profundos sobre el rol del Estado, la transparencia real de la operación y las consecuencias para un servicio considerado estratégico.
Venta Total: Sin Participación Estatal Residual
La venta será total. No habrá participación estatal residual, ni esquema de propiedad compartida, ni programa de participación para trabajadores. Es decir, el Estado se retira completamente de una actividad clave en la logística aeroportuaria, sin mecanismos que garanticen algún tipo de control directo futuro.
El argumento oficial publicado en Boletín Oficial de la Nación pone el acento en la “transparencia”, la “competencia” y la “eficiencia”. Sin embargo, la propia resolución deja en evidencia un dato sensible: todo el proceso descansa en gran medida en la documentación y condiciones que el mismo Estado define, sin instancias claras de control independiente o participación social.
Además, se confirma que el precio base surge de una tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que abre otro frente de discusión: ¿ese valor refleja realmente el peso estratégico de Intercargo en el sistema aerocomercial argentino? ¿O se trata de una valuación limitada a criterios financieros en un contexto de urgencia fiscal?
Cronograma Acelerado: Plazos y Ausencia de Debate Público
El proceso licitatorio, que se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, fija plazos concretos: las ofertas deberán presentarse hasta el 7 de mayo de 2026. En menos de dos meses, podría definirse el futuro de una empresa clave para el funcionamiento del transporte aéreo nacional.
Sin embargo, la velocidad del proceso contrasta con la falta de debate público. No hay, hasta el momento, instancias amplias de discusión parlamentaria, ni consultas a trabajadores, ni informes accesibles sobre el impacto en tarifas, calidad del servicio o soberanía operativa.
En este contexto, la privatización de Intercargo no aparece solo como una decisión económica, sino como una definición política de fondo: reducir al mínimo la presencia estatal en áreas estratégicas, bajo la promesa de mayor eficiencia privada.
La pregunta que queda abierta es si esa eficiencia vendrá acompañada de mejores servicios y condiciones, o si —como ha ocurrido en otras experiencias— el costo terminará trasladándose a los usuarios y a los trabajadores.
El Impacto Local: El Caso de Salta
En el caso puntual de Salta, la situación es especialmente sensible. Se trata de una dotación reducida pero estratégica, vinculada al funcionamiento del aeropuerto local. La posible pérdida de estos puestos no solo impactaría en las familias afectadas, sino también en la operatividad del servicio de asistencia en tierra en la región.
La historia reciente en Argentina muestra que muchos procesos de privatización han derivado en recortes de personal como parte de la reestructuración empresarial. En ese contexto, la ausencia de cláusulas de resguardo genera incertidumbre y tensión.
La privatización de Intercargo no es solo una decisión macroeconómica: en lugares como Salta, tiene nombres, historias y familias que hoy esperan respuestas.