SociedadAmenazas de Claudio Ferrari
El miércoles por la noche, dos líderes wichí en la Misión Chaqueña fueron detenidos por órdenes de una Fiscalía Penal norteña cuando se habían acercado a una dependencia policial para denunciar amenazas y ultraje por parte de un empresario. Lejos de ser contenidos y asistidos por el Estado provincial, Marta Herrera y Leonardo Pantoja terminaron tras las rejas. La mujer de 74 años fue liberada hoy, mientras que el hombre sigue privado de su libertad.
Herrera y Pantoja se acercaron al destacamento policial para denunciar amenazas proferidas por el empresario Claudio Ferrari, quien compró un terreno en el medio del monte nativo, donde desde hace un centenar habitan las comunidades originarias.
El conflicto viene desde hace un tiempo, según señalaron los originarios el empresario viene alambrado el lugar -más de 5 kilómetros de alambrado- con lo cual los wichis se ven obligados a sacar dicho alambrado a modo de resistencia, es un círculo vicioso, inconducente.
Marcelo Andrés Giordamachi, en su carácter de comisionado del Comité Provincial para la Prevención de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes de Salta (CPT), con el patrocinio letrado de la asesora legal Tania Nieves Kiriaco, presentaron una acción de habeas corpus a favor de Marta Herrera, no solo por su edad, tiene 74 años, sino también por otros factores.
La acción legal presentada fue a favor de la líder wichí, Marta Herrera, teniendo en cuenta su grave afectación de salud, su avanzada edad (74) y su pertenencia a las comunidades originarias. Al mismo tiempo, desde el Comité ya habían presentado acciones legales para exponer la delicada situación de las comisarías 3 y 4 de Tartagal.
En ese sentido solicitaron la “inmediata libertad de la señora Marta Magdalena Herrera y de Leonardo Pantoja por configurar su detención una medida arbitraria, desproporcionada y una grave afectación a los principales tratados de derechos humanos”.
Del auxilio a la humillación
Lo que debía ser un pedido de auxilio al Estado terminó en una escena de castigo y humillación. El miércoles 7 del corriente mes, cerca de las 23, Marta Herrera (74) y Leonardo Pantoja, se presentaron voluntariamente en el destacamento policial de Embarcación para denunciar amenazas de muerte. Salieron detenidos.
Lejos de activar mecanismos de protección frente a un conflicto territorial y ambiental de larga data, la respuesta estatal fue la privación de la libertad de quienes defienden su territorio ancestral.
La orden de detención fue dispuesta por la Fiscalía, pero —según relataron familiares— ni Herrera ni Pantoja fueron informados de manera clara sobre los motivos de la medida ni notificados formalmente de una orden previa.
Afectación a los medios de subsistencias
Las amenazas que motivaron la denuncia se inscriben en un escenario de avance de desmontes y alambrados sobre tierras reclamadas como ancestrales por comunidades indígenas de la zona.
En ese contexto, el empresario Claudio Ferrari desarrolla tareas de tala del monte nativo y cercamiento de extensas superficies, afectando de manera directa los medios de subsistencia de las comunidades y generando un clima de hostigamiento e intimidación hacia quienes se oponen a esas acciones.
Sin embargo, en lugar de investigar las amenazas y prevenir la violencia, el Estado optó por detener a las víctimas. Tras la aprehensión, Herrera y Pantoja fueron trasladados a distintas dependencias policiales y a otra localidad, permaneciendo varias horas privados de su libertad en condiciones irregulares: sin acceso adecuado a agua, alimentos ni medicación, y con restricciones indebidas a la comunicación con terceros.
Incomunicación y trato degradante
La situación de Marta Herrera revistió particular gravedad. Sus familiares informaron que estuvo incomunicada y que no les permitieron ingresar la medicación que necesitaba con urgencia, bajo el argumento de que debía presentarse una orden médica. La paradoja es cruel: la única persona que puede explicar qué medicación requiere es la propia detenida, a quien se le niega el acceso.
Tampoco le permitieron entregar elementos básicos como un ticket y un candado. Estas restricciones, lejos de ser meros formalismos, vulneran derechos elementales y agravan el carácter arbitrario de la detención.
Herrera estuvo alojada en el cuerpo femenino de la Unidad Regional 4 de Tartagal, un establecimiento policial que no reúne condiciones para el cumplimiento de penas ni de medidas cautelares. El encierro en este tipo de dependencias no solo vuelve impracticables los objetivos de resocialización, sino que viola estándares mínimos para el trato de personas privadas de su libertad.
Una detención incompatible con la vida
A la ilegalidad y arbitrariedad se suma un dato alarmante: un certificado médico firmado por el doctor Rodolfo Franco acredita que Marta Herrera padece insuficiencia cardíaca, mal de Chagas, insuficiencia renal e hipertensión arterial severa. El propio informe concluye que, por su edad avanzada y su estado de salud, se encuentra inhabilitada para cumplir prisión efectiva.
“Mantenerla detenida en estas condiciones transforma la medida en una pena cruel, inhumana y degradante. No se trata de una apreciación política ni retórica, sino de estándares jurídicos claros que comprometen la responsabilidad del Estado argentino a nivel constitucional e internacional”, apuntó Andrés Giordamachi, titular del Comité contra la Tortura.
Criminalizar la lucha
Las detenciones se produjeron, además, en un escenario de alta conflictividad social, donde incluso integrantes de las propias comunidades han sido contratados para avanzar con los alambrados, incrementando el riesgo de enfrentamientos. Frente a este cuadro, la respuesta estatal no fue la mediación ni la prevención, sino la criminalización.
“La detención de Marta Herrera y Leonardo Pantoja no aparece como una medida excepcional fundada en criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Todo lo contrario: funciona como un mensaje disciplinador e intimidatorio hacia quienes defienden el territorio y el ambiente”, señaló la asesora legal del Comité, abogada Tania Kiriaco.
En Salta, una vez más, denunciar amenazas y resistir el despojo parece ser un delito. Y el Estado, lejos de proteger a los pueblos originarios, vuelve a colocarse del lado de quienes avanzan sobre sus tierras, aun cuando el costo sea la dignidad, la salud y la vida de una mujer wichí de 74 años.