Finca de los empresarios Karlen
Luego de que la Justicia salteña ampliara a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra los responsables de uno de los mayores desmontes ilegales registrados en Argentina, Greenpeace redobló la presión para que se concrete la restauración ambiental de las más de 11.800 hectáreas de bosque nativo destruidas en el departamento San Martín.
A través de una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz y al procurador general Pedro García Castiella, la organización ecologista reclamó que se garantice el cumplimiento efectivo de las tareas de recomposición ambiental previstas en el acuerdo firmado con los propietarios de la finca, los empresarios Juan José y Daniel Darío Karlen.
El caso, denunciado por Greenpeace desde 2013, involucra una finca ubicada cerca de la localidad de Dragones, donde se produjo el desmonte ilegal de una superficie equivalente a más de media Ciudad de Buenos Aires. Hace tres años, activistas de la organización desplegaron un cartel gigante en el lugar para visibilizar la falta de avances en la recuperación del bosque.
En su presentación, Greenpeace recordó que la Constitución Nacional establece que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer" y sostuvo que la reciente multa millonaria debe traducirse ahora en acciones concretas para restaurar el ecosistema afectado.
La organización también destacó el impacto social del desmonte. Según consta en el acuerdo de restauración ambiental, dentro de la finca viven al menos 12 familias criollas y el área era utilizada históricamente por comunidades indígenas para actividades de caza, recolección y obtención de recursos esenciales para su subsistencia.
El documento menciona especialmente a las comunidades wichí de la zona, que realizaban recorridos en el antiguo bosque en busca de chaguarales y otros recursos naturales. Además, señala que en los alrededores se identificaron 31 especies de mamíferos, nueve de ellas consideradas vulnerables a nivel nacional.
La reciente resolución judicial elevó el embargo desde poco más de $171 millones hasta superar los $21.805 millones, equivalentes a unos 15 millones de dólares, luego de que informes técnicos detectaran la ausencia de tareas efectivas de restauración desde 2018 y la continuidad de actividades productivas incompatibles con el plan ambiental.
Desde Greenpeace consideran que la medida constituye un antecedente histórico en materia ambiental, pero advierten que el objetivo principal sigue siendo la recuperación del bosque perdido. Por ello, recordaron que el acuerdo homologado judicialmente prevé la posibilidad de ejecutar forzosamente las tareas de recomposición a costa de los propietarios y con garantía sobre los inmuebles afectados.
Sudamérica, la región que más bosques perdió en la última década
El reclamo por la restauración del desmonte en Salta se produce en un contexto de creciente preocupación ambiental. Un reciente informe de las Naciones Unidas advirtió que Sudamérica fue la región del mundo que más superficie forestal perdió entre 2015 y 2025, con alrededor de 41 millones de hectáreas desaparecidas, incluyendo más de 10 millones de hectáreas de bosques primarios, considerados los ecosistemas forestales más valiosos por su biodiversidad y capacidad de almacenar carbono.
La situación también es alarmante en la Argentina. Según datos difundidos por Greenpeace, el país perdió cerca de 7 millones de hectáreas de bosques nativos desde 1998, una superficie equivalente a una provincia completa. Solo durante 2025 desaparecieron más de 210.000 hectáreas de monte nativo, un 40% más que el año anterior.
En el norte argentino, la principal amenaza sigue siendo el avance de la frontera agropecuaria. En ese contexto, el desmonte ilegal de más de 11.800 hectáreas en la finca de los hermanos Karlen, en el departamento San Martín, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país y en un símbolo de la emergencia forestal que atraviesa la región.