Las verificaciones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
El Gobierno oficializó una reforma que prohíbe condicionar cirugías a conseguir donantes, actualiza criterios obsoletos y obliga a todos los centros a informatizarse en dos años.
El Gobierno nacional avanza con el ajuste y la motosierra, con la reestructuración del Instituto Malbrán. Disuelve el CNIN y fusiona otros centros, supuestamente para "optimizar recursos" y evitar superposiciones.
El organismo detectó un producto ilegítimo con la marca, etiquetas en chino y sin registro sanitario, que podría ser peligroso para la salud.
La medida contempla un esquema de acuerdo mutuo para avanzar con las desvinculaciones. El período de adhesión se extenderá hasta el 5 de abril del 2026 inclusive.
El Gobierno oficializó la Ley 27.801 tras su aprobación legislativa el 27 de febrero. El decreto presidencial abre una nueva etapa institucional y traslada el foco a la implementación y al impacto político de la reforma.
Se pone en marcha un régimen de declaración simplificada que promete no revisar el pasado, buscando que los ahorros informales ingresen al sistema formal bajo reglas claras.
El decreto 921/2025 formaliza licitaciones para obras prioritarias en el sistema de transporte eléctrico, buscando mitigar cortes, fortalecer la red y destrabar inversiones postergadas sin comprometer fondos públicos.
Establece un marco formativo ordenado, actualizado y basado en evidencia, destinado a fortalecer la capacidad del sistema para dar respuestas de calidad ante los desafíos actuales en salud mental.
Un decreto oficial actualiza la estrategia de la SIDE, priorizando la defensa de la soberanía, la seguridad ciudadana y la vigilancia de actores externos en áreas estratégicas como el Atlántico Sur y la Antártida.
Se viene la “limpieza” y el fin de la “segmentación tarifaria”: solo habrá subsidiados y no subsidiados. El Gobierno identificó más de dos millones y medio de hogares anotados como de “bajos ingresos” que no lo justificaron, algunos en countries.