Ya no se trata solo del ingreso de mercadería de contrabando por pasos fronterizos. Ahora, a ese circuito se le suman la logística y las plataformas digitales que agigantan la escala de redes ilícitas. Así lo expone un informe al que accedió Gente de Salta, que estima que las “mafias" del comercio mueven volúmenes superiores a los US$34.000 millones y representan cerca del 5% del PBI argentino.
Un documento elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual expone el impacto económico de la falsificación y el contrabando en cinco países de la región. En el caso argentino, el relevamiento impacta de lleno en Salta, no solo como puerta de entrada de mercadería proveniente de Bolivia, sino que detalla también una hoja de ruta de actividades digitales vinculadas a las ventas dentro de la provincia.

Además del ingreso por la frontera norte y la circulación por las rutas nacionales 34 y 50, el mapa relevado suma otras dos provincias: Formosa y Misiones, mencionadas por el volumen de contrabando asociado a la frontera con Paraguay. En conjunto, el informe describe un corredor regional donde los pasos son mencionados como “vulnerables”.
Sin embargo, para la ASIPI, el contrabando y la falsificación tienen un combustible: la capacidad digital. El informe advierte que, “con más del 88% de los hogares argentinos conectados a internet, la expansión tecnológica abrió nuevas oportunidades de acceso”, pero también potenció “mercados ilícitos que ya no dependen exclusivamente de ferias, puestos físicos o traslados por rutas”.
En ese terreno, las plataformas de comercio electrónico aparecen como una nueva vidriera para productos falsificados, al punto de que el documento menciona que “Mercado Libre elimina millones de publicaciones vinculadas a este tipo de bienes”. Pero dentro del e-commerce el problema no se limita a los grandes sitios de compra y venta; también se desplaza hacia redes sociales, grupos cerrados, publicaciones informales y marketplaces donde la barrera de entrada para ofrecer mercadería ilegal es mucho más baja.
Con las plataformas digitales como catapultas para el comercio ilícito, la estimación del informe revela que en Argentina estas actividades representan cerca del 5% del PBI. Con ese dato en mano y tomando como referencia el Producto Interno argentino de 2025, el volumen del negocio ilegal se ubicaría por encima de los US$34.000 millones.
Además, otros informes de la misma índole no solo calculan el valor del movimiento del contrabando, sino también cuánto se evade en impuestos de importación y otros tributos vinculados al comercio formal. Y es que, según un relevamiento reservado de la consultora MAP citado por La Nación, el Estado argentino habría dejado de percibir unos US$2.300 millones en 2025 por estos circuitos, solo al medir sectores como cerveza, tabaco, agroquímicos, textiles, celulares, neumáticos y calzado.
A esa lectura se suma el Illicit Trade Environment Index, elaborado por Economist Impact, que ubica a la Argentina con 65,3 puntos sobre 100 en su capacidad para combatir el comercio ilícito. En la región, el país aparece por debajo de Chile, Uruguay y Colombia, aunque por encima de Paraguay, dentro de un índice que evalúa gobernanza, cooperación, vigilancia, aplicación de la ley, gestión aduanera, controles fronterizos y entorno regulatorio.
La comparación deja a la Argentina en una zona intermedia: lejos de los mejores desempeños regionales, pero también por encima de países con menor capacidad institucional frente a estos circuitos. El informe advierte que el comercio ilícito crece donde aparecen brechas de control, corrupción, rutas porosas y nuevas herramientas tecnológicas, desde el e-commerce hasta mecanismos digitales que facilitan el anonimato y dificultan rastrear el origen de las operaciones.

Frente a ese escenario, el informe de la ASIPI no plantea una única salida, sino una estrategia repartida entre marcas, Estado y sector privado. Para los titulares de propiedad intelectual, propone reforzar sistemas de trazabilidad y autenticación mediante QR dinámicos, blockchain y hologramas, de modo que puedan verificar el origen de los productos.
En el caso argentino, la hoja de ruta tiene un componente específico: reducir la brecha frente al producto ilegal con estrategias de precios más accesibles en rubros sensibles como tabaco, alcohol y vestimenta; avanzar en acuerdos con plataformas como Mercado Libre para retirar falsificados y mejorar la trazabilidad en línea; y capacitar a distribuidores oficiales en zonas de frontera.
