EconomíaLa Justicia ordenó inhibir sus bienes
La Justicia nacional ordenó a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia avanzar con la inhibición de todos los bienes de Tradelog, una compañía de servicios logísticos con locaciones en Salta, que entre sus contratos tiene —directa e indirectamente— a algunas de las mayores mineras instaladas en el país.
Aunque Tradelog S.A.U. solicitó su concurso preventivo en abril, el expediente judicial —al que tuvo acceso Gente de Salta— incorporó recientemente documentos clave para medir el tamaño de la crisis: declaró deudas con organismos provinciales y municipales por $103 millones y acumula además 1.694 cheques rechazados sin fondos por $9.076 millones, según consulta de este diario al Banco Central. Pero su pasivo total escala mucho más.
La empresa de alcance nacional y dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de cargas, registra una deuda superior a los $67 millones con Rentas de la Provincia y más de $35 millones con la Municipalidad de Salta. No se trata de una compañía desconocida en el ámbito local, mucho menos para el sector minero.
Aunque Tradelog no figura asociada a CAPEMISA, la cámara de proveedores mineros de Salta, sí aparece como proveedora principal de otras firmas adheridas a esa entidad que declaran trabajos para compañías como Posco, Hanaq, Litica Resources, Lithium Argentina, Noa Lithium y Ganfeng. A eso se suma el vínculo directo que la propia logística exhibe en su página web, donde incluye entre sus clientes a Minera Exar, Mansfield, Eramine y Sales de Jujuy. Varias de ellas internacionales instaladas en el país y de las más importantes del mundo.
El pasivo total de la empresa con sucursal en el Parque Industrial de la capital salteña, además de otras dos en la provincia, escala mucho más de lo ya mencionado: en la nómina presentada ante la Justicia, Tradelog denunció obligaciones por $23.800 millones frente a 519 acreedores, entre bancos, organismos fiscales, fleteros, proveedores, sindicatos y prestadores de servicios.
La cifra, sin embargo, todavía no está cerrada. El propio juzgado advirtió el “elevado número de acreedores denunciados” y fijó un cronograma para que los interesados puedan presentarse a verificar sus créditos e incluso reclamar nuevas deudas impagas, por lo que el monto final dependerá de lo que luego reconozca la sindicatura y resuelva la Justicia.
Según consta en el expediente tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 29, la firma atribuyó el deterioro a una combinación de factores: caída del consumo, aumento del costo operativo, problemas de cobranza, conflictos gremiales, pérdida de clientes estratégicos y una estructura que, con 290 empleados y una flota pensada para otro volumen de actividad, terminó sobredimensionada frente a la baja de ingresos.
Aunque sus clientes no pertenecen únicamente al mundo minero —también aparecen compañías de peso como PepsiCo, Nestlé, Bodegas Chandon, Huawei, Siderca y Saint Gobain—, el caso ejemplifica una paradoja: ser proveedor de uno de los sectores que más crecen en el país no garantiza quedar a salvo de una crisis financiera.