Desarticularon una organización dedicada a la falsificación de certificados docentes en el norte y sur de la provincia, con ramificaciones incluso en San Carlos de Bariloche.
La trama consistía en la emisión fraudulenta de diplomaturas y postítulos apócrifos, utilizados para inflar el puntaje docente. Hasta el momento, se detectaron 53 docentes que lograron mejorar su posición en el orden de mérito y nueve obtuvieron acceso a horas cátedra mediante esta práctica ilícita.
Bajo la dirección de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), efectivos de la Unidad Investigación UDEC del CIF realizaron allanamientos en cuatro domicilios, procediendo al secuestro de documentación relevante y a la detención de dos mujeres presuntamente involucradas.
Este operativo es resultado de una investigación en curso sobre la falsificación de certificados docentes. La denuncia, presentada por el Ministerio de Educación, señala el uso de estos documentos falsos para aumentar el puntaje en concursos y procesos de designación de cargos docentes. Los domicilios allanados se ubican en General Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación.
La intervención de la UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025, tras la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien alertó sobre una posible maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en la valoración docente, detectada mediante una auditoría interna.
El secretario Becker precisó que, de las 292 unidades educativas auditadas, se identificaron 291 inscripciones con certificados sospechosos de ser falsos, 286 registros adulterados y 237 docentes implicados. Subrayó la gravedad de los hechos, dado que se asignaron cargos y puntajes basándose en documentación inexistente. Además, la base de datos compartida entre las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario amplificó el alcance del perjuicio.
Tras la orden de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF solicitó documentación a la Secretaría de Gestión Educativa para avanzar con la investigación.
Las investigaciones de campo, el cruce de datos, y los análisis bancarios e informáticos revelaron que los docentes eran contactados a través de la red social Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Estos perfiles ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas entre $95.000 y $360.000, los docentes recibían certificados falsificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro eran inexistentes en las bases de datos oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos correspondieron a registros válidos.
Roles Clave en la Organización Criminal
El análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales permitió a la Unidad Investigación UDEC del CIF identificar a tres personas centrales en la organización. Los informes telefónicos confirmaron titularidades, equipos utilizados y la ubicación de líneas, mientras que las pericias bancarias mostraron un flujo constante de transferencias entre dos mujeres y un hombre, con derivaciones casi inmediatas hacia este último.
- Una de las implicadas es una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González, residente en Coronel Mollinedo, quien se encargaba de la captación y el enlace territorial en el distrito sur. Operaba bajo el nombre “Prof. Vende Diplomaturas”, ofreciendo títulos sin necesidad de cursado y con calificaciones asignadas, recibiendo los pagos en cuentas a su nombre.
- Otra mujer, con domicilio en Embarcación, actuaba como soporte y validación técnica en el distrito norte. Utilizaba el alias “Ana Guzmán” y un número con prefijo 11 para canalizar consultas y reforzar la apariencia de legitimidad. Su intervención estaba ligada a la gestión administrativa del circuito y a movimientos de fondos relacionados con el principal receptor.
- Por último, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche sería el administrador digital y receptor final de parte del dinero obtenido fraudulentamente.
La investigación hasta el momento, demostró que 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra presentando documentación apócrifa. En los chats incorporados a la causa, varios docentes admitieron no haber cursado ni rendido evaluaciones, sino que compraron directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.
Desde la UDEC se informó que la investigación continúa en relación con los restantes certificados denunciados.