PolicialesRevocaron el sobreseimiento del camionero
La Sala I de la Cámara Federal de Salta resolvió este lunes revocar el sobreseimiento de Héctor Romero, quien había sido desvinculado del homicidio agravado de María del Carmen Cash, desaparecida el 8 de julio de 2011 en Salta, y ordenó continuar la investigación penal que continuará bajo la jueza Mariela Giménez,
Para adoptar esta resolución, el tribunal, integrado por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi, analizó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y el defensor público de la víctima, en representación de la familia Cash, contra la resolución que había sobreseído a Romero en mayo de 2025.
El fiscal general Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, solicitó a fines de octubre, la nulidad del sobreseimiento dictado en mayo al camionero Héctor Romero, imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash, desaparecida desde el 8 de julio de 2011.
Durante la audiencia oral, el fiscal expuso los fundamentos para que se declare nula la resolución que favoreció a Romero y se revoque su sobreseimiento.
Villalba argumentó irregularidades en la resolución apelada y solicitó que la jueza federal Mariela Giménez continúe al frente de la investigación, pero que el proceso se remita a otro juzgado.
El expediente se rige por el sistema mixto, dado que la causa se inició antes de la implementación del sistema acusatorio.
La querella, representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, apoyó la revocación del sobreseimiento y solicitó también el reemplazo de la jueza. La defensa se opuso a los argumentos presentados.
En un fallo de 129 páginas, la Cámara resolvió "hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por el fiscal general y el defensor público de la víctima; revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y, en su lugar, disponer su falta de mérito; debiéndose continuar con la investigación".
Asimismo, rechazó “los pedidos de apartamiento de la jueza y del equipo de trabajo del juzgado a su cargo formulados por el defensor público de la víctima y el fiscal general, respectivamente; manteniendo la intervención del tribunal de origen en este caso”.
El tribunal concluyó que “no corresponde la clausura definitiva de la principal línea de investigación, hasta tanto se agoten todas las medidas tendientes a dilucidar la hipótesis de autoría planteada en el caso, debiéndose proseguir con la instrucción”.
Al momento de decidir, el tribunal consideró que el sobreseimiento fue prematuro e infundado, ya que no existe certeza negativa que permita afirmar que Romero no tuvo participación en el hecho; y opinó que la jueza de primera instancia realizó un análisis parcial y fragmentado de la prueba, privilegiando ciertos peritajes y descartando otros sin un adecuado control contradictorio.
Medidas pendientes
Luego, consideró que quedaban medidas de prueba relevantes pendientes, especialmente la confrontación entre peritos por los estudios de geolocalización e impactos de antenas; un nuevo análisis sobre tiempos, velocidades y maniobras del camión; y diligencias vinculadas al posible entorno de encubrimiento del imputado.
Al mismo tiempo, los jueces consideraron que se adelantaron valoraciones propias de un juicio oral, lo que resulta impropio en la etapa de instrucción.
La Cámara recordó que el sobreseimiento solo procede cuando hay certeza absoluta de que el imputado no cometió el delito, estándar que no se alcanzó en este caso.
Sobre Romero, el fallo destaca que fue la última persona que estuvo con vida con la víctima; que su relato presenta inconsistencias relevantes; y que existen indicios objetivos, como tiempos de viaje, comunicaciones telefónicas, testimonios falsos que desviaron la investigación durante años, que ameritan seguir investigando.
Para los magistrados, la desaparición de María Cash, en su condición de mujer, impone al Estado un deber de diligencia reforzada.
Por otro lado, la Cámara también hizo lugar al planteo para eliminar la fórmula de “buen nombre y honor” respecto de los imputados Carlos Enzo Cuellar y Jesús Virgilio Chuquisaca, sobreseídos por prescripción, al considerar que esa declaración no corresponde a ese tipo de cierre procesal.
Por todo esto, la Cámara Federal de Salta anuló el sobreseimiento de Héctor Romero, y ordenó seguir investigando el homicidio de María Cash, al tiempo que reafirmó el derecho a la verdad de la familia y la obligación estatal de investigar seriamente una desaparición ocurrida hace más de 13 años.
Fundamentos de la apelación del Fiscal Villalba
La apelación del fiscal Villalba se centró en los siguientes puntos:
- Serios indicios contra Romero: "La fiscalía cuenta con serios indicios de que Romero es el que mató a María Cash".
- Desorientación de María Cash: La joven estaba vulnerable y fue vista desalineada y errática. Se presentó en el hospital local, pero no se quedó. Pidió asilo en una casa, sin éxito. Las cámaras del expeaje Aunor la muestran dispersa.
- Testimonio clave: René “Tucho” Torres (fallecido) declaró haberla visto subir a un camión Mercedes Benz blanco con la leyenda "Catita", lo que fue clave para identificar a Romero.
- Falta de colaboración: Romero no se presentó espontáneamente para informar que había visto a Cash y la acercó desde la rotonda de Torzalito hasta la Difunta Correa. "Hubo que ir a buscarlo para que declare, pese a que fue el último que tuvo contacto con ella", afirmó el fiscal.
- Incongruencias en la declaración: La declaración indagatoria escrita de Romero no coincide con el video registrado. Por ejemplo, sobre si solía levantar personas en la ruta, la respuesta escrita fue: “No y que no sabe por qué lo hizo ese día”, mientras que en el video dijo que “nunca alzó a nadie ni hizo nada con nadie”. También hay diferencias en las precisiones sobre dónde dejó a la joven y el tiempo de viaje de General Güemes a Joaquín V. González.
- Entorpecimiento de la investigación: Los abogados Carlos y Hugo Cuellar habrían prestado "declaraciones falsas" (corroborado por antenas de telefonía celular) al afirmar que vieron a Cash en la ruta 34 el día de su desaparición, respaldando la coartada de Romero. Esto desvió la investigación hacia otras líneas, como la trata de personas, resultando en la investigación de más de 400 avistamientos falsos.
- Encubrimiento: Se cuestionó el rol del empresario Miguel Segura, empleador del camionero, por presuntamente dar cobertura al imputado con documentación irregular y coartadas falsas.
- Intervenciones telefónicas: Se destacaron escuchas donde Romero instruye al testigo Gustavo Lemos sobre qué declarar: “Vos tenés que decir que no sabés (…) no me va a meter en quilombo”. También, su hermano diciendo “lo único que le queda es apechugar (…) el quilombo está hecho hace 13 años”; Segura lamentándose por "el quilombo que tengo (...) por culpa de un chofer pelotudo que ha hecho una cagada"; y audios donde se oye al propio Romero preocupado durante rastrillajes en 2019, siendo señalado como responsable: “Parece que le han descuartizado a la mina y bueno ‘Romero’ ha sido el ultimo que la llevó hasta ahí ”.
- Fallas periciales: Se criticaron "fallas llamativas" en los peritajes, como la reconstrucción del viaje en camión con un conductor “amigo del acusado”, y el presunto interés de un perro sobre una zona cercana a una gomería que la jueza consideró un posible lugar de despojo de los restos de Cash, pero que el fiscal considera que no fue marcado debidamente.
- Hipótesis fiscal: Villalba sostiene que Romero levantó a Cash confundiéndola con una trabajadora sexual, dado que el lugar donde la recogió era un sitio donde mujeres ejercen esa actividad.
Cierre de la exposición del Fiscal
El fiscal general concluyó que la jueza incurrió en un "análisis parcializado" al usar las mismas pruebas con las que ordenó la detención e imputación de Romero para luego sobreseerlo.
“En todo momento de la causa, la fiscalía estuvo presente, sobre todo para la familia, incluso cuando nos hicieron sentir sus reclamos. Les pasó lo peor que le puede pasar a un padre o una madre”, afirmó Villalba.