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Un juez le rechazó el pedido de detención domiciliaria a una mujer de 34 años señalada como la principal responsable de una compleja trama de estafas que afectó por lo menos a trece personas, a las que persuadió para adquirir terrenos en loteos en las localidades de Coronel Moldes y El Carril, que ya poseían dueños o no se encontraban a la venta, con un perjuicio de por los menos $49 millones.
Está imputada como presunta autora de los delitos de estafas reiteradas en trece hechos, en concurso real, y falsificación de instrumento privado, todo ello en concurso ideal, informó hoy el Poder Judicial de Salta.
La investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por múltiples víctimas que dijeron haber sido persuadidas para adquirir terrenos en loteos ubicados en las localidades salteñas de Coronel Moldes y El Carril.
La maniobra
La maniobra consistía en ofrecer lotes a precios atractivos, logrando que los interesados realizaran importantes transferencias de dinero a cuentas bancarias a nombre de la acusada, y en algunas ocasiones, a cuentas de su pareja y cuñado, y para dar apariencia de legalidad a las transacciones, la imputada entregaba contratos de compraventa que utilizaban información y datos de terceras personas.
Además, utilizó de manera fraudulenta el sello y la firma de una escribana, quien posteriormente radicó una denuncia al desconocer por completo los hechos y la documentación en cuestión.
Muchos de los terrenos vendidos ya poseían dueños o no se encontraban disponibles para la venta por parte de la acusada, mientras que el perjuicio patrimonial estimado de las víctimas ascendió aproximadamente a 49 millones de pesos.
Luego de las denuncias, la acusada fue detenida tras un allanamiento llevado a cabo el 28 de febrero de este año.
El juez de Garantías interviniente rechazó el pedido de detención domiciliaria solicitado por la defensa técnica a favor de la acusada, quien actualmente se encuentra alojada en la Alcaidía General 1.
En la audiencia flexible y multipropósito, la fiscalía se comprometió a finalizar la investigación en un plazo de siete días a contar desde la audiencia.