Con la declaración de nuevos testigos, continúa avanzando el juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, todos imputados por delitos contra la administración pública.
La audiencia, a cargo de un tribunal colegiado presidido por Federico Diez e integrado por Paola Marocco y Francisco Mascarello, se encuentra en la etapa de producción de prueba testimonial, y en ese marco, una de las exposiciones más relevantes de este viernes fue la de una contadora jubilada de la Auditoría General de la Provincia (AGP), quien brindó detalles sobre un informe clave para la causa, según la información aportada por el Poder Judicial de Salta.
La testigo explicó que en 2019 participó en un relevamiento solicitado por el Colegio de Auditores, órgano de control externo de los gobiernos municipales, para facilitar la transición entre ambas gestiones municipales, pero aclaró que, en el caso de San Lorenzo, la documentación entregada por las autoridades salientes fue incompleta.
Según precisó, no se aportó información fundamental sobre la situación financiera de la comuna.
En particular, señaló que no se presentó el estado de la Tesorería, considerado un documento central para conocer el manejo de fondos públicos.

Además, indicó que si bien se informaron los números de cuentas bancarias, no se acompañaron los registros de movimientos, lo que impide reconstruir con precisión la administración de los recursos.
Inconsistencias en el detalle de deudas, créditos y bienes municipales
La contadora también sostuvo que los reportes entregados presentaban inconsistencias tanto en el detalle de deudas como en créditos y bienes municipales.
En ese sentido, advirtió que la falta de esta información dificulta seriamente el trabajo de las nuevas autoridades al momento de elaborar la cuenta general del ejercicio, un requisito indispensable ante el Concejo Deliberante.
Su testimonio puso el foco en posibles irregularidades en la gestión saliente, al evidenciar la ausencia de documentación clave para garantizar transparencia en el traspaso de mando.
En la misma jornada también declaró el actual secretario de Gobierno del municipio, quien contó que en diciembre de 2019 se desempeñaba como secretario de Obras Públicas, y aseguró que al asumir no recibió informes sobre el estado de las obras públicas, por lo que debió reconstruir la situación a partir de la información aportada por empleados.
Incluso, mencionó una obra de luminarias en San Lorenzo Chico, que se encontraba paralizada sin explicación, y advirtió que los materiales estaban y que se procedió a licitar la obra para finalizarla.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.
En tanto, el contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, mientras que Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
El juicio comenzó el pasado 11 de febrero, tras una serie de postergaciones planteadas por la defensa de los acusados, y en representación del Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria.
En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, que es apoderada de la comuna, mientras que la defensa de Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
El juicio continuará la próxima semana, con la incorporación de nuevos testimonios.

