Se presentaba como abogado
La investigación por una presunta estafa vinculada a la comercialización de terrenos ajenos e inhabitables sumó este lunes un nuevo detenido.
Se trata de un hombre mayor de edad que, según la pesquisa, habría tenido participación en las maniobras defraudatorias y se presentaba como abogado ante las familias damnificadas.
Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes integran la Unidad Fiscal a cargo del caso, informaron que el sospechoso es investigado como miembro de una organización que captaba, a través de punteros, a familias en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se les prometía la adjudicación de lotes que resultaban ser inhabitables e inundables.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria está prevista para este martes 2 de junio.
En la misma causa se encuentra imputado el abogado Santiago Pedroza, quien actualmente cumple arresto domiciliario.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, que aseguró haber sido engañado en la compra de un lote en la zona de Atocha.
Los hechos se remontan a 2023, cuando se produjo una ocupación ilegal de terrenos ubicados sobre la ribera del río Arias.
Tras el desalojo de los ocupantes, un abogado se habría presentado ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal y soluciones habitacionales.
La maniobra habría alcanzado a 400 familias
De acuerdo con la investigación, la maniobra habría alcanzado a unas 400 personas, y los montos abonados por las familias oscilaban entre los 500 mil pesos y cerca de 8 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias bancarias realizadas en domicilios particulares o en un estudio jurídico.
En muchos casos, la entrega de comprobantes habría sido irregular.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno para solicitar información sobre las gestiones que se les habían prometido.
Allí, autoridades provinciales les informaron que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos ni Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales que se mencionaban como respaldo habían sido rechazados.
Desde Tierra y Bienes también advirtieron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron a los afectados radicar las denuncias correspondientes.
Las actuaciones permitieron confirmar además que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos, situación que agravó la vulnerabilidad de las familias involucradas.
Los fiscales solicitaron a todas las personas que consideren haber sido perjudicadas por maniobras similares que se presenten en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2, con la documentación respaldatoria, especialmente comprobantes de pago y cualquier otro elemento que permita acreditar la operación realizada.