PolíticaDecisión de la Cámara de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal denegó este viernes el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se flexibilice el régimen de visitas mientras cumple prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron por rechazar la solicitud, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia.
De esta manera, continuarán vigentes las condiciones actuales: la ex mandataria deberá seguir utilizando la tobillera electrónica y se mantendrá el límite para el ingreso de personas que no integren su núcleo familiar directo. El régimen establece un máximo de hasta tres visitantes por encuentro, dos veces por semana y por un lapso que no puede superar las dos horas.
En paralelo, la situación judicial de la ex jefa de Estado sumó otro capítulo esta semana. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de 141 inmuebles vinculados a Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Entre los bienes mencionados figura el departamento ubicado en la calle San José 1111, donde la ex presidenta cumple actualmente la prisión domiciliaria.
Lo que incluye el pedido de los fiscales
13 propiedades pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas relacionadas con Báez, además de 46 vehículos, más de 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi un millón de dólares en una cuenta bancaria y una suma adicional en pesos.
Por otra parte, la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió suspender los efectos de la decisión administrativa que había dado de baja la pensión no contributiva que percibía la ex presidenta por el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner.
El tribunal declaró formalmente admisible el recurso presentado por la defensa y dejó en suspenso la resolución de la ANSES que había eliminado el beneficio. No obstante, el Ministerio de Capital Humano apeló la medida, por lo que la cuestión seguirá en debate judicial.
Hasta su suspensión, hace dos años, la pensión rondaba los ocho millones de pesos mensuales.
